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El fiscal Alcides Corvalán, interino de la fiscala Estefanía González, ratificó ayer ante el juez Humberto Otazú el pedido de juicio oral contra las exautoridades de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). Se trata de la causa por aparentes hechos punibles en la gestión de tragamonedas, quiniela y reducción del canon en pandemia.
El requerimiento realizó durante la audiencia preliminar desarrollada luego de un año de sucesivos recursos (chicanas) que lo impedían.
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Los acusados y exdirectivos de Conajzar que se presentaron son el diputado Rubén Roussillón Blaires (ANR), José Antonio Ortiz, Carmen Corina Alonso, Ricardo Núñez Giménez y Omar Rodrigo Mongelós.
Otro de los procesados es el directivo de la concesionaria de la quiniela TDP SA, Álvaro Wasmosy Carrasco, por quien la Fiscalía se rectificó de su acusación de declaración falsa y solicitó el sobreseimiento definitivo.
El Ministerio Público había imputado y acusado a Wasmosy por declaración falsa de no adeudar al fisco ni a Conajzar entre los documentos que integran la cotización de la licitación de la quiniela en 2020, cuyo proceso es responsabilidad de la misma comisión.
La fiscala González había asegurado que TDP se encontraba morosa, pues incumplía con sus obligaciones de pagos que correspondía verificar a la propia Conajzar.
Lo sostuvo argumentando que no halló comprobantes de cumplimientos del pago del Impuesto a la Renta de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios (Iracis), del impuesto establecido en la Ley N° 431/73 a favor de los veteranos de la Guerra del Chaco, la donación a entidades de beneficencia establecida en Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar, el 50% de los premios no entregados a favor de la Dirección de Beneficencia y Asistencia Social (Diben) y el otro 50% al Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonares).
Esas obligaciones se explicó que las tenía como concesionaria de la quiniela adjudicada en 2015, cuyo contrato rige por 5 años.
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La misma empresa fue adjudicada nuevamente para explotar ese juego en 2020, pese a las omisiones citadas, aseguró la Fiscalía.
Ahora, en la audiencia preliminar, el fiscal Corvalán indicó que con la reforma tributaria (Ley N° 6380/19), la SET estableció una resolución particular el 14 de junio de 2022 para el cobro relativo al fondo para los veteranos y ya se abonó en su totalidad, sin precisar el monto. Esta consideración para ponerse al día se firmó dos años después de la adjudicación de la quiniela.
Al ser requerido sobre el cumplimiento de Iracis, donación a entidades de beneficencia y los premios no entregados, el fiscal que se encuentra interino no fue preciso en su postura.
Por su parte, el defensor de Wasmosy, José Fernández Zacur, respondió a ABC que eso no estaba en la acusación.
Caso Conajzar: plantean sobreseimientos
Andrés Casati, representante de Ortiz y Alonso, mencionó que la causa es “eminentemente política” y que la falta de rigurosidad en la investigación de la fiscala González se reflejó con su ausencia en la audiencia preliminar. La agente reportó que está de vacaciones.
José Valenzuela, defensor de Roussillón y Núñez, apuntó a su vez que lo relativo a la quiniela, la rectificación contra Wasmosy, deberá también favorecer a las exautoridades de Conajzar.
En cuanto a la reducción del canon mencionó que existía un decreto que declaró medidas económicas especiales debido a la crisis sanitaria, y que la Conajzar consideró prudente extenderlo a las concesionarias.
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Cabe recordar que antes de tomar esa decisión la comisión había solicitado a la Procuraduría General de la República una interpretación de si alcanzaba o no el decreto al rubro juegos de azar. El procurador de ese entonces, Sergio Coscia, vía dictamen N° 191/20, recomendó que para ello se requiere un nuevo decreto.
En cuanto a la “regularización” de tragamonedas en sitios prohibidos, la defensa ni la Fiscalía se expidieron al respecto.
Los hechos punibles atribuidos en caso Conajzar
En el caso Conajzar, la Fiscalía había imputado a:
- Rubén Roussillón (diputado) y Rodrigo Mongelós: por lesión de confianza, prevaricato y exacción;
- José Ortiz, Raúl Silva, Carmen Alonso y Ricardo Nuñez, por lesión de confianza, usurpación de funciones publicas, prevaricato y exacción;
- Sergio Coscia (exprocurador), por lesión de confianza (con sobreseimiento provisional), y
- Álvaro Wasmosy Carrasco (directivo de la concesionaria de la quiniela), por declaración falsa.
Sólo por la acusación contra Wasmosy el Ministerio Público se rectificó en la acusación y es el primero por el cual solicitó un sobreseimiento definitivo, conforme al reporte dado por la defensa de todos los procesados.
La audiencia preliminar continuará hoy, desde las 09:00.
