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La fiscala Natalia Fuster, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, abrió una carpeta fiscal luego de que la Contraloría General de la República (CGR) haya informado al Ministerio Público, en mayo último, sobre indicios de hechos punibles que detectó en examen que hizo en la Industria Nacional del Cemento (INC).
Concretamente, el ente contralor detectó un posible perjuicio patrimonial por G. 2.173 millones en la cementera pública, en el marco del contrato para “Montaje Mecánico, Eléctrico, Electrónico y Civil para Puesta en Marcha del Ventilador Tiro Horno III” de la fábrica de Vallemí, “inversión” que se realizó en el año 2021, durante la administración de Ernesto Benítez.
Para ejecutar esta tarea fue adjudicada por G. 8.377 millones la empresa CIE S.A., representada por Hugo Ángel Aranda Núñez, en diciembre de 2020. A este monto sumaron G. 1.002 millones más, a través de la adenda N° 2, por lo que el monto del contrato llegó en G. 9.379 millones.
Con este contrato debieron “completar” las inversiones hechas con los recursos provenientes de la colación de los bonos soberanos por parte del Estado en la cementera pública, según la fiscalía; es decir, la última parte de los US$ 80 millones que recibió la cementera para “mejorar” su fábrica durante el Gobierno de Horacio Cartes, que se “completó” bajo la actual administración.
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Esta pesquisa de la fiscalía afecta a la gestión del Ernesto Benítez, que se encargó de ejecutar el citado contrato. La fiscala Fuster señaló que hace tres meses lleva adelante la investigación y que está muy avanzado. Confirmó que se trata de la última parte de los bonos soberanos que se “invirtió” en la cementera.
En este sentido, dijo que en la segunda quincena de agosto realizarán un peritaje a las inversiones hechas, de manera a corroborar lo ejecutado en la planta de Vallemí, para lo cual se irá hasta la fábrica. Alegó que incluso ya cuenta con peritos que harán las verificaciones.
Lo que halló la Contraloría
En este caso, la CGR verificó la certificación de ítems en cantidades distintas a las ejecutadas, lo cual derivó en una diferencia de G. 1.403 millones. En el informe a la fiscalía, la CGR también enfatizó que en la adenda N° 2 incluyeron ítems de obra que ya estaban establecidos en el contrato original, en contravención al Pliego de Bases y Condiciones. Esto derivó en una diferencia en el monto del contrato ampliado, de G. 604.527.028.
Asimismo, el ente de control comunicó a la fiscalía que los precios de los ítems de la adenda 2 “incluyen gastos generales no acordes con los de mercado, inclusive a los del contrato original, lo cual deriva en una diferencia en la valoración del monto ampliado del contrato de G. 165.643.548″. Todas estos hechos hallados por la CGR hacen suponer un daño patrimonial de G. 2.173 millones, según el organismo.
Esta auditoría de cumplimiento de la INC, de agosto del año pasado, también evidenció el fracaso de la “inversión” de US$ 80 millones provenientes de la colocación de bonos soberanos en la estatal, tanto en las plantas de Villeta como de Vallemí, durante el Gobierno de Cartes.
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La fiscalía tiene otra carpeta fiscal hace casi cuatro años
Ya en el 2019, la Contraloría corroboró en otro examen que la inversión de los recursos obentidos por el Estado con los bonos en la INC fracasó, porque habían prometido aumentar la capacidad de producción de clínker y de cemento, pero el resultado fue todo lo contrario. Tras la primera auditoría del 2019 del ente contralor, la Fiscalía inició una investigación sobre el caso, que no avanza hasta ahora.
El fiscal Jorge Arce, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, está a cargo de las pesquisas desde diciembre del 2019, pero sin resultados a tres años y seis meses.
Respecto a las pesquisas, el fiscal Arce señaló a este diario que continúa la investigación y que ahora mismo está con una diligencia en la causa. En este sentido, dijo que no podía dar detalles y que “pronto” se tendría alguna definición.
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Cuando se le consultó sobre las demoras de la investigación, que ya lleva tres años y seis meses, indicó que esto se debe a la complejidad del caso, pues “son varios contratos ,y a la cantidad de documentos”.
En su auditoría del 2019, la CGR detectó que la producción de clinker (insumo del cemento) con el cambio de combustión del horno de Vallemí (de fueloíl a coque), se mantuvo muy por debajo de la capacidad garantizada.
Asimismo reveló que el molino de clinker (insumo del cemento) que proveyó Engineering SA, de Juan Andrés Campos Cervera, a la planta de Villeta, tiene una capacidad distinta a la que estableció el pliego. El actual titular de la INC, Ernesto Benítez, recibió esa máquina de la conocida “superproveedora” de este gobierno.