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En comunicación con ABC Cardinal este sábado, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, volvió a defender el proyecto de ley que propone fusionar la Subsecteraría de Estado de Tributación y la Dirección Nacional de Aduanas en una nueva Dirección de Ingresos Tributarios, una iniciativa impulsada por el gobierno entrante del presidente Santiago Peña que ha sido cuestionada por algunos sectores económicos y políticos.
Con llamativa celeridad, ambas cámaras del Congreso – donde la facción cartista de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) tiene mayorías - aprobaron el proyecto de ley, y el viceministro Orué dijo que se espera que el presidente Mario Abdo Benítez promulgue la ley y que el gobierno entrante, que asumirá el poder el 15 de agosto, se encargue de su reglamentación.
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El viceministro, quien según rumores será el titular de esa nueva Dirección - aunque hasta ahora eso no ha sido confirmado –, dijo que el presidente electo Peña le encomendó la “socialización” del proyecto, encargándole reunirse con sectores gremiales y sindicales para explicar la visión del nuevo gobierno sobre el tema.
Señaló que el modelo de Aduanas y Tributación fusionados en una sola entidad es uno que se aplica con éxito en otros países, y argumentó que se trata de una “evolución” que permitirá mayor eficiencia en la “lucha frontal” contra la evasión de impuestos y el contrabando, ya que el objetivo principal de la ley es “mejorar el nivel de control” por medio de una coordinación de la inteligencia tributaria y aduanera.
Política será dictada por Hacienda
Ante cuestionamientos de que la nueva ley podría otorgar dejar al ministro de Hacienda sin influencia sobre asuntos tributarios, el viceministro Orué señaló que el proyecto de ley establece que el relacionamiento de la Dirección de Ingresos con el Poder Ejecutivo será por vía del Ministerio de Hacienda, y que el director de esa entidad será propuesto por el ministro de esa cartera.
“La Dirección no se va a cortar sola, la política la va a dictar el Ministerio de Hacienda”, dijo.
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El viceministro señaló que uno de los problemas que busca resolver la fusión es que funcionarios aduaneros como los “vistas” o valoradores tienen demasiadas atribuciones según la ley actualmente vigente.
Aclaró que esos puestos seguirán existiendo, pero “con funciones disminuidas” al darse mayor énfasis a la implementación de “un sistema informático para minimizar los riesgos de que ese trabajo sea mal hecho”.
Eso será en línea con una tendencia internacional de incorporación de tecnología que “ayuda a disminuir la intervención humana en procesos que pueden ser solucionados con un clic”, explicó.
“Intereses” disidentes
El viceministro Orué dijo entender que “siempre los cambios generan incertidumbre”, e insinuó que muchas voces disidentes sobre la fusión provienen de sectores con interés en mantener el sistema actual, sea de parte del funcionariado o de “algunos importadores”.
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Insistió en que el proceso de fusión será “gradual”, estimando que el proceso duraría en total alrededor de un año, con participación de varios sectores tanto en el ámbito aduanero como el tributario, desde importadores, exportadores y el Centro de Despachantes hasta el Colegio de Contadores.
Enfatizó además que el proyecto no implica ningún cambio en aranceles o impuestos.