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Los ingresos de la Caja Fiscal en el referido periodo alcanzaron G. 1,8 billones (US$ 247,7 millones) y el pago de las jubilaciones sumó G. 2,3 billones (US$ 319,9 millones), de acuerdo con los datos del informe de Hacienda.
Con este resultado, el saldo rojo al mes de junio se situó en un 23%, que equivale a G. 526.769 millones (US$ 72,2 millones), brecha entre los ingresos obtenidos y los pagos realizados a los jubilados y pensionados.
La Caja Fiscal cuenta actualmente con 227.559 funcionarios que aportan mensualmente el 16% de sus ingresos, a lo que se suman otros aportes como multas, por cargos vacantes, saldo no devengado y Ley N° 6085.
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Además, esta entidad administrada por Hacienda tiene 73.144 jubilados y pensionados registrados como beneficiarios, que perciben mensualmente sus haberes.
La institución está compuesta por seis sectores públicos: empleados, magistrados judiciales, docentes universitarios que al primer semestre registran superávit de 96%, 33% y 3%, respectivamente; policías, militares y maestros, que registran déficit de 72%, 63% y 39%, respectivamente.
El déficit se financia en gran parte con los recursos provenientes de la recaudación de impuestos pagados por la ciudadanía y, en menor medida, con los recursos de los sectores superavitarios.
Proyecto de ley de emergencia
Hacienda prevé presentar este mes un proyecto de ley que crea una comisión para estudiar específicamente la Caja Fiscal y establecer medidas de transición para reducir el impacto financiero en la entidad.
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Las autoridades sostienen que si no se realizan reformas, la entidad para el año 2027 terminará de usar sus reservas y el Tesoro deberá financiar todo el déficit que se genere en adelante con los fondos provenientes de los impuestos.
El deterioro de las finanzas de la Caja de Jubilaciones obedece, principalmente, a que desde 2007 se aprobaron en el Congreso nuevos regímenes especiales de jubilación, tales como de enfermeros, obstetras, médicos, odontólogos, bioquímicos y psicólogos del Ministerio de Salud Pública, médicos de todo el sector público, docentes en educación inclusiva, agentes de la Patrulla Caminera, guarda-parques y trabajadores con discapacidad de la función pública.