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Pedro Halley, exgerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), criticó la ausencia de planes institucionales que apunten a un adecuado control sobre la evasión en la previsional. La institución, debido a su negligencia, permite que los morosos creen nuevas empresas, sin antes honrar sus deudas, señaló.
Opinó al respecto al constatarse las millonarias deudas que mantiene la firma Cotrisa, de Ignacio Cárdenas, dirigente de Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama), ante el IPS. La situación saltó tras la cancelación de su concesión por parte del Viceministerio de Transporte (VMT).
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El caso muestra cómo operan las compañías que incumplen y luego crean nuevas empresas para seguir operando. De hecho, existen dos firmas con las siglas Cotrisa, ambas de Cárdenas. Una es la “Compañía de Transporte Interdistrital SA” y la otra, “Compañía de Transporte Itá SA”.
El VMT confirmó que hubo intención de que las empresas sean homologadas ante la institución, por un pedido de los dueños, lo cual se les fue denegado debido a incumplimientos.
Cambio de nombre para blanquear deudas con IPS, dice Halley
El cambio de denominación social es una práctica recurrente de las empresas de diversos rubros para “blanquear” sus deudas con la previsional, explicó Halley. Conforme a los registros del IPS, ambas tienen cuantiosas deudas.
“Los patronales utilizan esa treta cuando se ven ya acogotados para cubrir sus deudas con el IPS, que debería velar por los derechos laborales de los trabajadores. Hay mucha gente que no se puede jubilar por las deudas, porque pierden su derecho jubilatorio, lo cual es gravísimo”, puntualizó.
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Precisó que el IPS tendría que hacer un seguimiento jurídico de las transformaciones de las compañías, para identificar este tipo de prácticas y evitar que los trabajadores pierdan sus derechos. “Es la razón de ser de IPS, vigilar por los trabajadores. Así de simple”, dijo.
Añadió que no es práctica exclusiva de transportistas, sino que del sector de la construcción y otros.
En particular, los empresarios del transporte público acuden a esta maniobra para presentar una “foja limpia” y cobrar subsidios, cuando en realidad son morosos.
Fetrat asegura que existen varios casos
La Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat) recalcó que son muchos los choferes que no acceden al seguro social a pesar de que así lo garantiza el Código Laboral. El principal impedimento se debe a que los empresarios pagan por itinerario recorrido, lo cual es conocido también como “redondo”, señaló.
Gerardo Giménez, representante del gremio, lamentó que la violación de los derechos laborales no sea un impedimento para que los transportistas puedan cobrar millonarios subsidios cada mes. Sólo en 2022, el desembolso estatal ascendió a US$ 39 millones, el doble del año anterior.
Giménez precisó que los colegas no sólo no cuentan con seguro social, sino que los patrones tampoco pagan el sueldo mensual ni cumplen con la jornada de 8 horas laborales.
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Puntualizó que esta situación le consta a las autoridades y se puede corroborar con un simple cruzamiento de informaciones que disponen instituciones públicas, dijo.
Añadió que el Viceministerio de Transporte cuenta con los datos de cuántos son los buses operativos, mediante el Centro de Monitoreo y con el uso del billetaje. La normativa dispone que la cantidad de choferes debe ser el doble de la flota registrada, dato que poseen el Ministerio de Trabajo y el Instituto de Previsión Social (IPS). “Si los datos oficiales no coinciden es porque la compañía está en falta”, recalcó.
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En las últimas semanas, se desarrollan reuniones tripartitas entre trabajadores, transportistas y autoridades de Transporte y Trabajo. El acuerdo al que se llegó prevé fiscalizaciones para detectar in situ las situaciones que serían irregulares y con la apertura de sumarios.
Hasta el momento se detectaron 14 empresas en infracción aparente, la cuales son investigadas. Por esos controles, los trabajadores han recibido amenazas.
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