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El presidente Mario Abdo Benítez ni siquiera mencionó al servicio del transporte público del Área Metropolitana de Asunción (AMA) en su último informe de gestión. La omisión del tema en su discurso ante parlamentarios coincide con que se cumplen tres meses del escándalo de subsidios por “pasajeros fantasma”.
La explosión del caso fue tal que obligó a Abdo a prescindir al entonces viceministro de Transporte, Víctor Sánchez Chamorro, en medio de movilizaciones ciudadanas. Tras destituirlo, ordenó una auditoría al Viceministerio de Transporte (VMT) y pidió la fiscalización a los transportistas en la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
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Abdo Benítez no mencionó esas investigaciones al rubro transportistas y, de hecho, no se han reportado sanciones concretas a funcionarios involucrados en los hechos denunciados ni a las concesionarias que incumplen con las normativas para una prestación de calidad. Además, las quejas por “reguladas” de los colectivos persisten.
Los cuestionamientos al pésimo servicio no es algo nuevo. De hecho, el año pasado, Abdo “justificó” el incremento sostenido de los subsidios al transporte, diciendo que se paga porque “se debe garantizar el servicio”, evitando precisar los montos de dichos pagos y datos de los cálculos para llegar al monto de la tarifa técnica.
Este Gobierno se caracterizó por la falta de transparencia en el VMT, dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pues fueron constantes las faltas de respuestas a pedidos de información pública -un derecho garantizado por ley-, sobre subsidios a transportistas y lo relativo al funcionamiento del billetaje electrónico y su Centro de Control y Monitoreo.
De hecho, los jóvenes de la “Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama)” tuvieron que recurrir a un amparo judicial para obtener en forma de datos abiertos toda la información generada con el cobro electrónico y algunas resoluciones del VMT.
Esa información dejó al decubrierto la legalización de las “reguladas”, ya que el mismo VMT redujo las exigencias a transportistas en lo relacionado a frecuencias, así como las multas por incumplirlas. También se descubrió que hubo buses que circulaban en círculos, sin atravesar el AMA, con “pasajeros fantasma” por los que también cobraban subsidios.
“Pasajeros fantasma”: Punta del “iceberg”
La salida de Víctor Sánchez del VMT no fue suficiente para calmar los ánimos de pasajeros, hartos del pésimo servicio y la excesiva generosidad del Gobierno hacia los transportistas con dinero de los contribuyentes.
Así, la SET reveló indicions de evasión de impuestos, pues encontró que los ingresos reportados por empresarios al momento de cobrar subsidios (que se pagan por cada boleto vendido) no coincidían con la baja ganancia o incluso pérdidas declaradas a la hora de tributar.
También saltaron gastos inflados y erogaciones declaradas que no tenían respaldo documental, sobre todo gastos por pago de salarios al personal, lo que incrementó las sospechas de que se emplean a choferes “en negro”.
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Lucro del cobro podría ser fondo
El Estado destina cada vez más dinero de los contribuyentes de todo el país a empresas del transporte del Área Metropolitana. Hacienda estima que, si las variables se mantienen constanstes, en la próxima década el subsidio superaría los US$ 1.154 millones. Desde el 2011 a la fecha, el gasto en este concepto fue US$ 800 millones, sin contar el bono único por renovación de flota, que no se tradujo en un mejor servicio.
Este panorama debería obligar a las autoridades a analizar mecanismos que saneen el sistema y lo vuelva más sustentable, sostienen los entendidos en tema transporte público. En ciudades de otros países, como el caso de Montevideo, hay un sistema de cobro del pasaje similar al aplicado en Paraguay.
En ambos casos, se aplica una comisión por el uso del cobro electrónico, para el mantenimiento de la tecnología. Pero la diferencia es que en Montevideo, ese porcentaje va a un fondo que es administrado por la intendencia de la ciudad y esos recursos se utilizan para el pago de subsidios a las empresas y otros gastos, como compra de tarjetas.
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Mientras que en Paraguay, esa comisión es absorbida por las operadoras del billetaje, que son Epas SA (tarjeta Jaha) y TDP SA (tarjeta Más), cuyos propietarios son Cetrapam y la firma TDP SA, respectivamente. Sólo en AMA representa un negocio de US$ 4 millones para estas operadoras, al año.
