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Rubén Antonio Rousillón Blaires juró el viernes último como diputado en representación de Presidente Hayes, por el Partido Colorado. El evento que se dearrolló en el Congreso coincidió con el primer aniversario de la acusación que la Fiscalía presentó contra él y de otras seis personas por supuestos hechos punibles que cometió en sus decisiones como autoridad del Consejo Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).
Se intentó conversar con el diputado pero no se tuvo respuesta a los mensajes y llamadas que enviamos e hicimos al número telefónico que termina en 192.
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En julio del 2022, la fiscala María Estefanía González hizo la acusación y pidió juicio oral y público contra él y otras seis personas por las anomalías que detectó en las gestión de los juegos de azar. Roussillón ni siquiera se sometió a la audiencia preliminar debido a una sucesión de recursos de sus defensores en la causa.
Caso Conajzar: gremios de juegos de azar quieren justicia
Los gremios del rubro juegos de azar coincidieron en pedirle que se someta a la justicia, que aclare si tiene responsabilidad o no en los hechos punibles de los que le acusa el Ministerio Público. Se trata de la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar, la Asociación de Empresarios de Juegos de Azar (Apeja) y la Asociación de Operadores de Juegos de Azar (Apoja).
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La Fiscalía lo responsabiliza de la aprobación de un plan de “regularización” que permitía la instlación de tragamonedas inclusive en sitios prohibidos en la propia ley de la Conajzar, la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar.
Asimismo, la reducción del canon a concesionarias en plena pandemia, sin autorización del Ejecutivo (vía decreto), medida que impactó en forma directa en la capacidad de asistencia de la Diben, para colmo en medio de una crisis sanitaria.
Lo acusan también de certificar la adjudicación de la quiniela a favor de una firma morosa del fisco, TDP SA, cuyo directivo es Álvaro Wasmosy (hijo del expresidente Juan Carlos Wasmosy).
Ese proceso licitatorio y las reglas impuestas son criticadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores Vendedores de Quiniela, de Bingos, Juegos de Azar y Afines del Paraguay (Sintraquiba), cuyos representantes son Alicia Gutiérrez y Felipe Gómez.
“Queremos que la licitación sea transparente y se tenga en cuenta a los trabajadores del rubro, que nos garanticen mejores condiciones laborales”, manifestó Gutiérrez a ABC.
La alerta en el país, e inclusive de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante el Covid-19 fue levantada, pero no se ajustó la ganancia de los quinieleros. Consultamos ayer sobre este punto a la concesionaria, pero como en las anteriores ocasiones no hubo respuestas.
También bajó la comisión por recarga de tarjetas de billetaje, dijo y añadió que al iniciarse la implementación del sistema era 4%, en setiembre pasado se redujo al 3% y en noviembre al 2%.
Cabe recordar que TDP SA es una de las operadores del cobro electrónico, con la tarjeta Más, autorizada por el Viceministerio de Transporte (VMT).
Buscarán poner fin al monopolio
Lorena Rojas, de la Asociación de Operadores de Juegos de Azar (Apoja), indicó que los empresarios plantearán un proyecto de ley cuya sanción aspiran que se concrete este año, para poner fin al monopolio de los juegos de azar, principalmente de la quiniela y de apuestas deportivas. Recordó que el año que viene se iniciará la licitación de la quiniela, pues el actual contrato vence en 2025.
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“Estamos atentos al escenario político de los próximos días, pues sería un claro mensaje de apoyo o no a diputado Rousillón y el rumbo que podría tomar el rubro”, dijo.
