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Las penitenciarías del país tienen la capacidad de albergar a 8.000 personas privadas de libertad, pero actualmente, las cárceles cuentan con 17.100 reos, lo que significa que están sobrepasadas a más del doble de su capacidad. Del monto mencionado solo 20% tienen condena.
Para solucionar este problema, en junio del 2019 el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó la construcción de tres nuevas penitenciarías, dos en Emboscada (Cordillera) y una en Minga Guazú (Alto Paraná). Las construcciones debían concluir en 2020 y 2021, pero hasta ahora no fueron terminadas y entregadas al Ministerio de Justicia, que debe encargarse de equipar cada bloque.
Este diario consultó al titular del MOPC, Rodolfo Segovia, sobre la situación de las obras y señaló que se tiene “previsto terminar las obras civiles para el 30 de junio de este año y entregar al Ministerio de Justicia”.
Las empresas contratistas de los diferentes lotes señalaron que los retrasos se debieron principalmente a las demoras en los pagos por parte del MOPC. Empero, Segovia prefirió no opinar al respecto.
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Obra con retrasos y sobrecostos
Lo concreto es que las obras fueron adjudicadas a tres consorcios en tres lotes por G. 192.423 millones, pero este precio ya subió a G. 229.907 millones (US$ 31,9 millones), es decir, G. 37.484 más (US$ 5,2 millones al cambio actual).
El lote 1 de Emboscada fue otorgado a la firma Aponte Latorre (representada por Osvaldo Aponte) y el monto del contrato original era de G. 62.324 millones, pero esta empresa terminará percibiendo G. 74.426 millones (encarecimiento del 20%). Las obras de este tramo se iniciaron el 13 de agosto de 2019 y debían culminar en 16 meses, es decir, en diciembre de 2020.
Asimismo, el lote 2, también un pabellón para Emboscada, está a cargo del Consorcio Cordillera, representado por Emilio Díaz de Vivar, e integrado por Edivi SA y Constructora Heisecke SA. Este lote se adjudicó al grupo mencionado por G. 62.299 millones, pero se le terminará desembolsando G. 74.263 millones (20% más). La orden de inicio de este lote la dieron en setiembre de 2019 y debía completarse en 23 meses, es decir, en agosto de 2021; pero este cronograma tampoco se cumplió.
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Por último, el lote 3, la cárcel de Minga Guazú, fue adjudicado al Consorcio AGB - Tocsa SA (representada por Sara María Blanco de Dose), por G. 67.799 millones, pero terminarán pagándole G. 81.218 millones (20% más). Los trabajos de este lote empezaron el 16 de agosto del 2019 y debieron terminar en 16 meses (diciembre del 2020).
Respecto al encarecimiento, el MOPC había informado en su momento que se agregaron más trabajos, como plantas de tratamiento cloacales, tanque superior e inferior, pozo profundo para la provisión de agua corriente, entre otras obras. Cada centro tendría capacidad para albergar a 1.320 reos.