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Las personas acusadas por presunto manejo irregular en la gestión de juegos de azar, entre las que se encuentran quienes integraban la directiva de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), fueron convocadas para la audiencia preliminar el pasado 20, 21 y hoy, 22 de junio, ante el juez penal de garantías de Delitos Económicos del Primer turno.
Sin embargo, la diligencia no se pudo desarrollar debido a un recurso planteado por Ricardo Núñez, exintegrante de Conajzar y hermano del diputado y senador electo Basilio “Bachi” Núñez. Dicho recurso dilata el proceso, por lo que es considerado una chicana, según los datos que suministraron a este diario.
Hace más de un año que se intenta desarrollar la audiencia preliminar, sin embargo, sucesivos recursos planteados por los acusados lo impiden.
Los demás acusados son los también exmiembros de Conajzar Rubén Rousillón Blaires, exgobernador de Presidente Hayes y diputado electo (ANR); Carmen Corina Alonso, extitular de la Diben; Omar Rodrigo Mongelós González, y José Antonio Ortiz Báez. Asimismo, el representante de la empresa TDP SA, Álvaro Wasmosy, firma explotadora de la quiniela en todo el país.
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También se encuentra procesado en la causa Raúl Mariano Silva, exintegrante de Conajzar, y quien ya cuenta con medidas alternativas a la prisión.
La fiscala María Estefanía González había presentado en enero del 2022 la imputación contra los mencionados por sus acciones al intentar la “regularización” de tragamonedas en sitios prohibidos por la misma ley del sector. También por decisiones relacionadas a la adjudicación de la quiniela a la firma que actualmente explota este juego, a pesar de que se encontraba morosa con el Fisco y la reducción del canon a concesionarias en pandemia.
También había imputado al exprocurador Sergio Coscia, y luego solicitó el sobreseimiento provisional. Él había firmado un dictamen en el cual aseguraba que no existía mayor impedimento para disminuir el canon, aunque le recomendó que para concretarlo, se solicitara un decreto al presidente Mario Abdo Benítez. Al respecto, Coscia indicó que ese documento no era vinculante para que el directorio tomara la decisión.