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En el orden del día de la sesión ordinaria que se realizará mañana en la Cámara de Diputados nuevamente figura el tratamiento del proyecto de ley “que amplía y modifica artículos de la Ley N° 642/95 de telecomunicaciones en su título VIII – condiciones de operación”, con el cual pretenden aplicar el “roaming nacional”, que solo beneficiaría a la estatal Vox (satélite de Copaco).
El “roaming nacional” se refiere a la modalidad en la cual un usuario que pertenece a la red de un determinado operador A puede utilizar la red del operador B, lo que significa que si se llega a implementar, todas las telefónicas del país (Tigo, Personal, Claro y Vox) podrán tener la misma cobertura, compartiendo sus redes entre sí.
Solo Copaco ve “con buenos ojos” esta intención, pues coincidentemente beneficia a su satélite Vox, que está al borde de la quiebra. Es que si se aprueba el plan normativo, la telefónica pública podrá tener la misma cobertura de sus competidoras al poder acceder a sus redes sin haber invertido para ello.
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Los proyectistas son los diputados Hugo Ibarra (ANR), Édgar Espínola (ANR), Colym Soroka (ANR), Jazmín Narváez (ANR), Esteban Samaniego (ANR), y Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR).
Proyecto de ley sería inconstitucional
La Cámara de Operadores Móviles del Paraguay, también ya remitió en su momento una nota a la Cámara de Diputados en la que pidieron rechazar el proyecto de ley en cuestión porque lo consideran inconstitucional, pues violaría la libre competencia.
Justamente, tanto Copaco y su satélite Vox están con una difícil situación financiera, por lo que si se aprueba la normativa se buscaría un salvataje a estas empresas públicas. “Lo que se busca es darle una ‘oportunidad’ a la empresa de capital estatal para que la misma, sin inversión alguna, equipare la cobertura de sus demás competidoras”, resaltó el gremio.
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Añadió que la empresa estatal (Vox) posee las mismas condiciones regulatorias y de mercado que las demás empresas del mercado de capital privado, de modo que la misma nunca tuvo, más allá de sus propias decisiones comerciales, un escenario adverso que le haya impedido desarrollar infraestructura propia.
“El mensaje que subyace a la iniciativa parlamentaria es que la falta de inversión oportuna por parte de la empresa estatal, y por ende su pérdida de competitividad, podrán ser resueltas a través de una ley que permitirá a la empresa estatal servirse de la inversión realizada por sus competidores, de modo que en adelante, de prosperar la iniciativa parlamentaria, el efecto lógico será que se frenen las inversiones en redes de telecomunicaciones a la espera de que otro operador cubra las necesidades del mercado, y que los demás aprovechen dichas inversiones”, aseguraron las telefónicas privadas.