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La Caja Fiscal está conformada por seis sectores: empleados públicos, magistrados judiciales, docentes universitarios, policías, militares y maestros; es administrada por el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones.
Al mes de mayo la entidad cuenta con 227.516 aportantes, que son los funcionarios activos que destinan el 16% de sus ingresos mensuales para la jubilación; y 72.668 jubilados y pensionados que reciben sus haberes cada mes.
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La referida entidad registra déficit desde 2015, el año pasado cerró con un saldo rojo de US$ 210 millones y según las proyecciones de Hacienda, si no se realizan urgentes reforma para 2027 terminará de usar sus reservas y el Tesoro deberá financiar todo el déficit que se genere en el futuro.
Según el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, el costo que deberán asumir los contribuyentes para cubrir el referido déficit llega a los US$ 500 millones.
El informe menciona que de enero a mayo ingresaron en concepto de aportes G. 1,4 billones (US$ 205,6 millones), pero los gastos sumaron G. 1,9 billones (US$ 266,6 millones), lo que arroja un déficit de G. 444.202 millones (US$ 61 millones al cambio vigente), que representa 23%.
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Los sectores que registran déficit son: policías, militares y maestros que registran 72%, 62% y 39%, respectivamente. En tanto, los empleados públicos, magistrados judiciales y docentes universitarios, tienen superávit del 92%, 33%, 2%, respectivamente.
El saldo rojo se cubre en gran parte con los recursos provenientes de la recaudación de impuestos y parte de los recursos de los sectores superavitarios, por lo que los analistas consideran que la reforma de la entidad es uno de los principales desafíos que deberá encarar el nuevo gobierno del electo presidente Santiago Peña.
Reforma de la Caja Fiscal
Con la primera reforma llevada a cabo en 2003 se mejoró su situación financiera anualmente hasta 2012, pero luego volvió a deteriorarse de manera rápida con la aprobación de una serie de regímenes especiales con parámetros diferentes.
La Cámara de Senadores aprobó la semana pasada el proyecto de ley “Que crea la Comisión Nacional para el Estudio y Elaboración de Propuesta Legislativa del Régimen Financiero y Sostenibilidad del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público”.
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A través de este proyecto se apunta a realizar un estudio de la situación financieras de las diversas cajas de jubilaciones del sector público, incluyendo la Caja Fiscal, y proponer un proyecto de ley de reforma en un plazo máximo de 12 meses.
Hacienda, por su parte, también tiene previsto presentar a fines de junio un proyecto de ley que crea una comisión para estudiar específicamente la Caja Fiscal y establecer a modo de transición unas reformas de carácter urgente para mitigar su situación financiera.