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El titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Óscar Stark, reportó que para este jueves 15 de junio se prevé un encuentro entre el Viceministerio de Trabajo, a cargo de Luis Orué, y representantes de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), cuyo presidente es Gerardo Giménez. El encuentro tiene por objetivo atender las denuncias de violación derechos laborales por parte de los empresarios del transporte público.
Hace años que Fetrat denuncia que los conductores de los transportistas no cobran el suelo estipulado por el Código Laboral, que es salario mínimo más un plus del 30% ( G. 3,5 millones), sino que sus compañeros cobran por itinerario recorrido, conocido también como “redondo”. Giménez indicó que sus colegas están “en negro” y el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez es cómplice, pues “les premia” con millonarios subsidios mensuales.
La denuncia tomó vigencia luego de que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) constatara que varias empresas beneficiadas con la asistencia estatal presentan anomalías en sus declaraciones juradas de gastos, pues reporta un abultamiento y la mayoría está vinculada con gastos del personal. Se trata de unas consecuencias del caso conocido como “pasajeros fantasma”.
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De esta manera, conforme con los reportes preliminares, surgen evidencias de evasión por parte de las compañías, según la SET.
Choferes aparecen en la SET, pero no en el Ministerio de Trabajo ni IPS
Sin embargo, el dato más resaltante para Fetrat es que la SET detectó evidencias de que existen trabajadores que son declarados como tal pero no figuran en las planillas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) ni el Instituto de Previsión Social (IPS). Entre las exigencias para el cobro de subsidios es el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores.
Giménez apuntó a la falta de voluntad política por parte de los integrantes del gabinete de Abdo Benítez, pues para confirmar la veracidad de sus denuncias simplemente podría verificar la cantidad de empleados que figuran en la planilla y cruzar con la flota existente. “Debería figurar como mínimo el doble de cantidad de choferes a la cantidad de colectivos. Caso contrario, son pocos los choferes y se evidencia que son explotados”, comentó a ABC.
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Al ser consultados sobre sus acciones para atender estas denuncias, desde IPS se intentó justificar con la falta de recursos económicos y humanos para realizar las fiscalizaciones, asi como de instrumentos legales para verificar in situ la cantidad de trabajadores que cuentan con seguro social.
En tanto que desde Trabajo, se apeló a la consciencia de los transportistas, pues sólo puede aplicar multas al constatar las anomalías y estas medidas son recurridas ante la justicia.