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El titular de la Dirección de Aporte Obrero Patronal (AOP) del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Bogado, afirmó ayer que la previsional no cuenta con los recursos humanos ni económicos suficientes para verificar que las empresas de transporte público que cobran subsidios cumplan en asegurar a todos sus empleados.
En conversación con ABC, explicó que el IPS verifica las planillas de los trabajadores declarados pero no puede hacer un control in situ en las empresas, para ver si hay más personas “en negro”, porque cuando un fiscalizador llega a una compañía, no le dejan pasar. Se tiene que recurrir a la justicia y así, se pierde el “factor sorpresa”.
Tampoco podría contactar a todos los choferes que están en los colectivos, porque para ello necesitaría fiscalizadores en ruta atajando a todos los buses, uno por uno, añadió.
Así, se les otorga a las transportistas un engañoso certificado de no adeudar a IPS, documento exigido por el Viceministerio de Transporte (VMT) para tramitar la asistencia estatal.
“Si los choferes no están inscriptos, entonces no existe deuda. Sólo está al día por aquellos registrados, pero no sabemos si están todos”, explicó Bogado.
De esta manera, confirmó que para el IPS no existe dudas de que los transportistas podrían emplear “en negro” a conductores y no sería impedimento para que ellos sean favorecidos con dinero de los contribuyentes del país.
Lea más: SET detecta gastos de transportistas por G. 10.000 millones sin respaldo
Las declaraciones las brindó tras ser abordado sobre la diferencia entre la cantidad de personal declarado por esas compañías y la que efectivamente figura en las planillas del IPS. La Subsecretaria de Tributación (SET) detectó en una investigación a 20 transportistas que más de G. 10.000 millones en gastos declarados no tenían respaldo documental, principalmente relacionados a pagos de salarios.
La sospecha es que los empresarios abultan egresos para declarar pérdidas, de modo a evadir, pero ante el VMT, inflan la cantidad de pasajeros (y por consiguiente los ingresos), para cobrar más recursos públicos en concepto de subsidio.
Este hallazgo de la SET coincide con las reiteradas denuncias de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat) de que los choferes trabajan de manera informal, sin sueldo mínimo ni seguro social.
Transportistas no cumplen con IPS, con la SET ni con el VMT, mucho menos con los pasajeros, pero aún así, reciben un trato privilegiado del Gobierno, que les ablandó las exigencias para recibir el subsidio (ver facsimilares).
“Controlamos cumplimiento de exigencias”, dice Óscar Stark
El viceministro de Transporte, Óscar Stark, sin embargo, sostiene que la institución a su cargo controla el cumplimiento de las exigencia del Decreto N° 7296 que estipula que todos los trabajadores deben estar registrados ante el Ministerio de Trabajo y ante IPS, estipulados en los artículos 9 y 12.
Se trata del documento firmado en junio del 2022 y con el cual surgió por primera vez la posibilidad de que las empresas cobren un adelanto del subsidio antes de que concluya el estudio de la Tarifa Técnica (TT), según la cantidad de pasajeros reportados por el billetaje electrónico.
Definieron como “modalidad parcial” de pago de subsidio, dirigida a aquellas empresas “con buen historial” y que les permite cobrar el 50% del promedio que se les pagó en los últimos 3 meses. Para beneficiarse del adelanto, sólo se les exige constancia de estar al día con IPS, pero no estipula cuántos trabajadores deberían reportar las firmas (art. 9), que sí se identifica en la “modalidad total”, que pide el doble de empleados de la cantidad de buses, y que estos deben tener Inspección Técnica Vehicular (ITV) aprobada.
Stark había dicho que todas las firmas cobran adelanto del subsidio, es decir, el propio Gobierno facilitó la posibilidad de que las concesionarias cobren subsidios aún teniendo empleados “en negro”.
Para Ucetrama, pedido del Gobierno es un “absurdo”
La Federación de Trabajadores de Transporte (Fetrat) solicitó al Viceministerio de Transporte (VMT) que verifique la relación laboral entre las concesionarias y los choferes. Puntualizó que el Código Laboral estipula que el sueldo de los choferes es salario mínimo legal más 30% de plus (G. 3,5 millones), pero los trabajadores cobran por itinerario recorrido -conocido como “redondo”-, entre G. 40.000 y G. 50.000.
Pero el representante de la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama), Andrés Mallada, calificó de “absurdo” el pedido de los trabajadores de transporte de que se suspenda el pago de subsidios hasta tanto se regularice la situación laboral de los choferes.
Al respecto, Mallada dijo que los empresarios necesitan cobrar la asistencia estatal para pagar a los empleados, por lo tanto, consideró que carece de lógica el planteamiento de Fetrat, que tiene apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Central Nacional de Trabajadores (CNT) y la Central Sindical de Trabajadores del Paraguay (Cesitp).
Aumento de pasaje del transporte público
Mallada señaló que una estrategia para alivianar la presión sobre los subsidios sería establecer un tope del porcentaje de esta ayuda estatal por cada boleto vendido, que actualmente ronda 50%. Consideró que un mínimo podría ser del 25%, que de aplicarse representaría un aumento del precio que paga el usuario por el servicio, entre G. 792 y G. 1.050 por bus convencional y diferencial, respectivamente.