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Luego de darse a conocer otro cambio sustancial que tuvo el puente Asunción - Chaco’i, porque en vez de construirse un puente atirantado doble se hizo uno con un atirantado central, la Cámara Paraguaya de Consultores (CPC) manifestó su preocupación ante la falta de fiscalización externa en la obra.
En ese sentido, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) alegó que no “tenía” US$ 4 millones más para contratar a la empresa que supervise esta obra, por lo que en el 2020 canceló la licitación de la consultoría del proyecto. Después delegó a sus propios funcionarios el delicado trabajo.
Julio Mendoza, presidente del gremio, señaló: “Jamás se debía haber hecho esta obra sin una fiscalización, es una obra muy grande. Contratar a una empresa para fiscalizar esto iba a salir US$ 4 millones, sobre los US$ 120 millones que se está pagando por el puente, es decir, era nada”.
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Añadió, en ciertó énfasis que ante la falta de fiscalizadores externos, “no hay responsables” en la obra. “¿Qué va a pasar si algo no está bien? ¿Quién será el responsable? Al funcionario público no podés hacerle nada, un sumario, máximo. Las fiscalizadoras externas tienen pólizas de fiel cumplimiento y de garantía de desempeño profesional”, manfiestó.
Igualmente cuestionó que el diseño final de la obra haya sido realizado por la misma empresa que construye el puente. “Al poner que el contratista haga el diseño, el contratista, obviamente, buscará todo lo que le convenga en términos económicos, por eso es importante que una consultora haga el diseño”, señaló.
En ese sentido, agregó que esta obra se licitó sin un proyecto ejecutivo y que el contratista, por eso, debía hacer el diseño final, con lo cual agregó importantes cambios al proyecto licitado.
Respecto al cambio sustancial del atirantado, indicó que si hicieron bien cálculos, el hecho que tenga un solo tirante central no será un problema.
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Puente Chaco’i: obra tiene un encarecimiento de US$ 16 millones y preparan otra adenda
La obra del puente a Chaco’i está a cargo del Consorcio Unión, conformado por las empresas CDD Construcciones SA y la Constructora Heisecke SA. Se le adjudicó por G. 789.417 millones (US$ 110,5 millones al cambio actual) en diciembre de 2019.
Sin embargo, con la adenda 1, durante la administración de Arnoldo Wiens, el precio de la obra subió a G. 902.641 millones, es decir, G. 113.224 millones más (US$ 15,7 millones al cambio actual) con relación al precio del contrato original (incremento del 14,3%). Esto porque aumentaron la longitud, el ancho, la altura, entre otros aspectos, pero recortaron la parte del atirantado, pues se construyó uno central en vez de uno doble.
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El extitular del MOPC, Arnoldo Wiens, fue quien autorizó estas modificaciones, tras aprobar el diseño final que realizó la empresa contratista. El proyecto, con los cambios, fue aprobado por el MOPC recién en julio de 2021, cuando las obras ya estaban avanzando.
Según se informó en su momento, el diseño final se realizó en Brasil y con las modificaciones respecto al plan licitado, el precio de la obra tuvo un aumento de US$ 16 millones.
Actualmente, el MOPC prepara otra adenda con la cual pretende seguir inflando el precio de la obra (otros US$ 6 millones, según se supo).