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La amenaza de paro de los colectiveros es un delito. Una ley que se promulgó el 18 agosto del 2021 ya considera como hecho punible la sola amenaza de paro por parte de los empresarios del transporte público de pasajeros de las zonas metropolitanas del país. Se trata de la ley Ley Nº 6789, “que cancela la licencia, itinerario y subsidio a empresas del transporte público, infractoras de la ley”, la cual está vigente.
Dicha normativa fue sancionada en el Congreso julio del 2021, justamente tras una crisis que se registró en este sector, tras la pandemia del coronavirus, donde comenzaron a notarse las reguladas y el “chantaje” al Gobierno por parte de los empresarios del transporte.
El artículo 5 de la normativa en cuestión señala claramente: “En caso que los directivos, accionistas o representantes legales o gremiales de las empresas del transporte público realicen algún tipo de amenaza o extorsión a órganos del Estado relacionados con la prestación de sus servicios, ya sea por cualquier medio, será considerado como hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos y cualquier ciudadano podrá denunciar estos hechos por cualquier medio a los órganos de persecución penal del Estado”.
Sin embargo, pese a que está vigente, los colectiveros nuevamente están amenazando con un paro del servicio, según afirman, por los retrasos en los pagos del subsidio. Justamente, según el marco legal, el Poder Ejecutivo por medio del Viceministerio de Transporte, es la que deberá controlar la estricta aplicación de esta ley.
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Ley sobre amenaza de paro también castiga las reguladas, pero no se cumple
Asimismo, la normativa en cuestión establece que la empresa que deje de prestar sus servicios en forma regular y no lo regularice en un periodo de 24 horas, será cancelada y perderá su licencia, y su itinerario volverá a ser licitado.
Además, la ley estipula que las que realicen o amenacen con reguladas en épocas de pandemia o emergencia declarada en el área donde prestan servicios, además de cancelarse su licencia y su itinerario, tendrá prohibido solicitar nueva licencia e itinerario por un plazo de 10 años.
Incluso, la normativa estableció que la empresa que “no cuente en sus buses con elevadores o rampas de acceso para personas con incapacidad física, cuanto menos en un 50% de su flota, no tendrá derecho a percibir algún tipo de subsidio por parte del Estado”. Pero son pocas las empresas que cumplieron esta exigencia.
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Ley está vigente, pero recién ahora trabajan en la reglamentación
El viceministro de Transporte, Óscar Stark, señaló que Ley Nº 6789 está vigente, pero que hasta hoy no está reglamentada. En este sentido, indicó que se está trabajando con la Procuraduría General de la República (PGR) en la reglamentación. “Tuvimos una reunión con el Procurador General de la República la semana pasada con respecto a esa ley”, expresó.
Al mismo tiempo, Stark señaló que el paro está garantizado por la Constitución Nacional, pero que debe ser comunicado y cumplir con todos los pasos, que incluye un periodo de negociación de 10 días. Asimismo, dijo que como “es un servicio básico, se debe garantizar la prestación del mismo” y que dentro “de la comunicación deben informar cómo van a garantizar el servicio”.
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Stark mencionó que hasta ayer no recibió ninguna comunicación oficial por parte de ninguna empresa del sector, que tenga intención de parar, y que solo se informó de esta intención de los empresarios a través de los medios de prensa.
Respecto al retraso en los pagos del subsidio, que es el principal reclamo de los empresarios, indicó que se estaba teniendo un problema presupuestario, pero que ya conversaron con Hacienda, para cumplir con estas obligaciones en los próximos días. Al mismo tiempo, indicó que este martes ya tendrían un decreto del ejecutivo para cumplir con los pagos.