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Guillermo Mas, presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), indicó que hay procesos inherentes al funcionamiento del Estado que no se pueden detener porque se produzca un cambio de Gobierno.
“Consideramos que ningún gobierno puede parar en sus últimos tres meses, ni lo hará tampoco llegado el momento el Gobierno que asumirá en agosto”, afirmó ayer a nuestro diario.
Las declaraciones las brindó a ABC tras conocerse que el equipo de transición del presidente electo Santiago Peña solicitó al presidente Mario Abdo Benítez la suspensión de los procesos de contratación pública plurianuales que no sean “urgentes”, además de los procesos de concurso en entidades del Estado, recategorizaciones y adendas a contratos. La información lo confirmó Hernán Huttemann, secretario general y jefe de gabinete civil, ayer por ABC Cardinal.
Mas aprovechó la ocasión como cámara de la construcción para colaborar en cualquier trabajo de relevamiento de información fidedigna que necesite el equipo de transición.
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“En el caso de Obras Públicas no hay nada que parar porque no hay licitaciones importantes previstas. Ahora, en relación a la deuda sí existe mucho que acelerar”, recalcó Mas.
Gremios piden políticas de Estado, no de Gobierno
En ese sentido, el empresario instó al Gobierno saliente así como al que asumirá el 15 de agosto, a trabajar de forma conjunta y ordenadamente para que puedan articularse mecanismos de resolución al tema de la deuda, que afecta al sector de la construcción, en el que se perdieron 15.000 empleos últimamente, conforme a sus estimaciones.
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“Parte de honrar las deudas con el sector de la construcción es honrar los intereses que se están generando a través del atraso en el pago de las mismas. No es sostenible que el Estado le siga debiendo a las empresas, pues más allá del daño al sector de la construcción se genera un perjuicio a las arcas públicas”, indicó.
Añadió que esos intereses están establecidos en los contratos, justamente para situaciones de atraso. “Poner en duda el pago de intereses es ir contra la seguridad jurídica que debe primar en las relaciones entre el Estado y las empresas privadas”, recalcó Mas.
Siguió diciendo que los intereses que el Estado deberá pagar a las empresas guardan relación con los que las empresas ya están abonando a los bancos y proveedores, forzados ante la situación de atraso por parte del Estado.
Conforme con los datos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la deuda que se mantiene con las constructoras es de aproximadamente US$ 300 millones.
“Política de Estado, no de Gobierno”, dice Cavialpa
Paul Sarubbi, de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), puntualizó que es muy perjudicial la falta de un política de Estado que garantice la ejecución de los planes, pues cada cinco años se paralizan todos los procesos económicos.
“Necesitamos de un política de Estado, no que sea de Gobierno, que es lo que se aplica cada cinco años. Hay un paro en los procesos y eso perjudica al sector privado, a la ejecución de obras y por ende a toda la economía del país”, criticó.
Por otra parte, Sarubbi mencionó que se comprende que la decisión tiene por finalidad lograr un diagnóstico de cuál es la situación del Estado, de cómo se estaban manejando las diferentes licitaciones, ya que será lo que deberán administrar. “Creo que la decisión más oportuna sería un acompañamiento y no precisamente suspender todos los procesos”, dijo.
“Considero que tenemos que tratar de tener una economía más estable”, ratificó finalmente Sarubbi.