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La Consultora MF Economía estima que en los próximo 7 años el país necesitará invertir unos US$ 34.812 millones para cerrar la brecha de infraestructura.
Hasta el año 2030, según el informe de la consultora, el país necesitará invertir US$ 13.053 millones en el sector transporte, que incluye el vial, aéreo, fluvial, ferroviario; US$ 8.591 millones en el sector agua, US$ 7.044 millones en energía eléctrica, US$ 337 millones en Salud y US$ 5.787 millones en vivienda.
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El economista y exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, había señalado que el gobierno electo debe cubrir el déficit fiscal y generar un nuevo sistema para que el sector privado invierta en obras públicas, porque el Estado está llegando a su tope de endeudamiento.
Dijo que el actual modelo de inversión vía endeudamiento va a ser muy marginal en los próximos años, por lo que hay que propiciar una mayor participación privada para dar solución a las necesidades de infraestructura de país.
La deuda pública total
La deuda pública total al mes de febrero asciende a US$ 15.235,7 millones, lo que equivale al 37% del producto interno bruto (PIB), según el último informe divulgado por el Ministerio de Hacienda.
A la administración central le corresponde US$ 13.580,2 millones (33% del PIB) del referido monto total y a las entidades descentralizadas, US$ 1.655,5 millones (4% del PIB).
La amortización del capital de la deuda de la administración central se realiza con nuevas deudas, ya sea provenientes de préstamos o emisión de bonos, operación que se conoce comúnmente como “bicicleteo”.
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Los intereses de la deuda, sin embargo, que van creciendo en proporción al nivel de los compromisos, se deben abonar con recursos genuinos y en dólares, lo que para los analistas también es un foco de riesgo por el aumento de las tasas de interés en el mercado.
El también exministro de Hacienda, Dionisio Borda, alertó que el nivel de la deuda llegó al límite peligroso del 37% del PIB y que se encuentra en franco aumento en los próximos años, más las deudas contingentes crecientes (deudas con proveedores, contratistas).
Hacienda, por su parte, sostiene que este nivel es sostenible para las finanzas públicas y una de las más bajas en comparación con los países de la región y al promedio de deuda pública de los países latinoamericanos. Para la cartera, el tope razonable de la deuda equivale el 40% del PIB.
Tope de déficit fiscal
El nivel de endeudamiento se irá ajustando ya que el déficit fiscal deberá el próximo año volver al tope de 1,5% del PIB, establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
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La medida adoptada, compromiso asumido por el gobierno de Mario Abdo Benítez (ANR) ante los organismos financieros internacionales, ya está afectando la ejecución de obras debido a que se limita a lo que denominan “inversión estratégica”.
A modo de ejemplo, en el primer trimestre las inversiones en obras cayeron 7,7% y obedece a que se está ajustando al déficit que este año tiene como tope 2,3% del PIB, autorizado por ley de presupuesto.
Deuda de los gobiernos
En lo que va del gobierno de Abdo Benítez, tomando de referencia 2018 a febrero de 2023, la deuda aumentó US$ 7.194,8 millones, lo que representa 89,4% más.
La disparada en este periodo se dio, principalmente en 2019 y 2020, con las emisiones de bonos y la contratación de préstamos de organismos financieros internacionales para hacer frente a la caída de la economía y a la pandemia por covid-19.
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El gobierno anterior, de Horacio Cartes (ANR), fue el que aceleró el proceso de endeudamiento del país mediante la emisión de bonos soberanos.
Al cierre de 2013, la deuda total se encontraba en US$ 4.174,2 millones y al final de 2017 había aumentado a US$ 7.166 millones.
El presidente electo, Santiago Peña, en ese entonces fue uno de los ministros de Hacienda que defendió el aumento de la deuda ante las críticas de analistas, que recomendaban poner un freno al incremento del pasivo.