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El acuerdo alcanzado entre el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez (ANR) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) entró en vigencia en noviembre del año pasado y se extenderá hasta noviembre de 2024, periodo durante el cual se deberán cumplir con ciertas metas de reformas establecidas.
Uno de los puntos se refiere a la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda o Caja Fiscal, que administra los aportes y las jubilaciones de los funcionarios de la administración central.
La referida entidad acumula un déficit creciente desde 2015, gran parte del cual se cubre con los fondos provenientes de los impuestos que paga toda la ciudadanía.
Según las estadísticas oficiales, en los últimos ocho años la brecha entre el aporte y el pago de jubilaciones ronda los US$ 900 millones.
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FMI: hay coincidencias en la reforma
Existe coincidencia entre los organismos financieros internacionales, economistas locales y exministros de Hacienda, de que éste tema debe ser una de las prioridades dentro del proceso de reforma del Estado que debe impulsar el presidente electo Santiago Peña.
Los exministros de Hacienda: Manuel Ferreira, César Barreto y Dionisio Borda, consideran que se debe buscar con urgencia una solución a la deficitaria caja de los funcionarios, atendiendo el creciente saldo rojo y que las reservas que dispone se van agotando y se vuelve insostenible.
El FMI en su informe menciona que las reservas actuales de la caja se sitúan en US$ 430 millones y se agotarían en menos de tres años, en cuyo momento el déficit tendría que ser cubierto en su totalidad por el gobierno central.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por su parte, sostiene que existe una premura de realizar reformas que permitan hacer frente a los pasivos previsionales y plantea como alternativas el ajuste en los parámetros (años de aporte, tasas, edad de retiro, entre otros).
Proyecto de ley de transición
El acuerdo con el FMI prevé que el gobierno de Abdo Benítez presente un proyecto de ley de “transición” de reforma de la referida caja en el mes de junio, en tanto que otro proyecto de creación de una superintendencia de pensiones está previsto para el mes de diciembre, éste último ya quedará a cargo del nuevo gobierno.
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Los analistas consideran que al tener el Partido Colorado mayoría en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, en principio no tendría que haber mayores inconvenientes para llevar adelante las reformas del Estado.
Actualización de los haberes
En el Congreso, sin embargo, se encuentra actualmente en estudio un proyecto de ley de actualización de los haberes jubilatorios, que surgió de las asociaciones de jubilados y fue impulsado durante la campaña proselitista por el senador Martín Arévalo (ANR-cartista).
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Las autoridades del Ministerio de Hacienda consideran que este proyecto no es otra cosa que equiparar los haberes a los salarios de los funcionarios activos, que empeorará la situación financiera de la caja. De aprobarse hará que las reservas se agoten mucho antes de lo previsto y que el déficit sea aún mayor, según alertaron.