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La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) y la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), los gremios más importantes del sector de la construcción, que acaparan los contratos de obras públicas del Estado, señalaron que las autoridades que resulten elegidas en el sufragio de hoy deben seguir priorizando el desarrollo de la infraestructura del país.
El Ing. Guillermo Mas, presidente de la Capaco, señaló que esperan que en los próximos años el Gobierno “asuma como un tema prioritario el déficit en infraestructura, que hoy está cerca de los 30.000 millones de dólares”.
En este sentido, mencionó que nuestro país necesita más hospitales, escuelas, vías de comunicación, más infraestructura eléctrica (líneas de transmisión y distribución), puertos, aeropuertos, más inversión en la construcción privada de viviendas, así como también viviendas de interés social.
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“Solo con más desarrollo logístico y, por supuesto, también con más infraestructura eléctrica, estaremos en condiciones de atraer y mantener la inversión generadora de empleo formal. Naturalmente, esperamos que este desarrollo traiga consigo trabajo para las empresas paraguayas de todos los tamaños. No olvidemos que la construcción hoy ocupa el 8% del PIB (Producto Interno Bruto) y emplea a 300.000 trabajadores de forma directa. Hablamos del sector más dinamizador de la economía y uno de los de mayor impacto en la calidad de vida de los paraguayos”, manifestó Mas.
Asimismo señaló que esperan una articulación e impulso de las reformas que son necesarias, que a su criterio son la mejora en la calidad del gasto y una reforma de pensiones, que incluso podría contribuir a financiar infraestructura, como lo han hecho exitosamente otros países.
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Más participación privada en inversiones
A su turno, el presidente de Cavialpa, Paul Sarubbi, señaló que el país necesita potenciar un objetivo nacional: la década de la infraestructura. “Necesitamos, en un período de diez años, de una inversión anual constante de un porcentaje del 4% de PIB, acompañada de una mejora sustancial en la capacidad de gestión de esos recursos y orientada por un plan de desarrollo que se enfoque en las zonas o regiones con mayor potencial de impactar en la generación de empleo y en la creación de riqueza”, explicó.
En este sentido, Sarubbi señaló que un punto central debe ser el de perfeccionar y utilizar nuevas fuentes de financiamiento que no impliquen la gestión de deuda directa, sino que involucren al sector privado a través de las Alianzas Público Privadas (APP), concesiones y otros mecanismos, de manera a que “quienes usen las rutas las paguen”.
Asimismo, Sarubbi enfatizó que esperan también que el nuevo gobierno trabaje en el fortalecimiento y la reestructuración de instituciones públicas encargadas de proyectar inversiones en infraestructura y de administrar las iniciativas privadas.
“Para ello sería bueno analizar la creación de una mesa multisectorial integrada por presidentes de gremios, ministros, referentes privados, economistas y otros para definir políticas públicas en materia de infraestructura y la consecuente financiación y administración de los contratos de obras públicas. Los trabajos resultantes de la labor de esta mesa sectorial trascenderán gobiernos”, expresó.
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Asimismo, enfatizó que esperan que se consolide la seguridad jurídica en los contratos, la previsibilidad financiera y visión de desarrollo de capacidades locales.
“Es importante que la nueva administración cumpla con los compromisos asumidos, que se paguen las deudas de construcción de infraestructura. Los fuertes retrasos en esos compromisos generan una cadena de efectos negativos que van desde la precariedad o el fin de numerosos empleos, hasta la ruptura de la cadena de pagos a proveedores, pasando por el encarecimiento de las obligaciones del Estado por los intereses que genera la refinanciación de deudas”, enfatizó.
Al mismo tiempo, indicó que los pliegos de licitaciones deberían estandarizarse bajo criterios razonables, que consideren la capacidad de contratación de las empresas y que deben contener normas que aseguren la participación y la priorización de las empresas nacionales para desarrollar nuestra infraestructura.
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MOPC debe administrar todas las obras
El presidente de Cavialpa, Paul Sarubbi, también señaló que sería importante la transformación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en un “ministerio de infraestructura”, de manera a que dicha cartera concentre bajo su administración todas las obras, ya sean viales, eléctricas, sanitarias, civiles, entre otras. Señaló que dicha institución debería estar dotado de profesionales ingenieros y arquitectos, entre otros, con altas capacidades. Empero, hoy el ente tiene más abogados que profesionales de su rubro.