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En el informe, elaborado por el Ministerio de Hacienda y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco de una asistencia técnica, analiza las condiciones de vulnerabilidad de la situación fiscal y de deuda pública, los riesgos y perspectivas a mediano plazo de Paraguay.
Uno de los temas abordados: “Riesgos Fiscales asociados a Empresas Públicas” menciona que las mismas pueden ser una fuente de riesgo fiscal dado que sus obligaciones pueden estar garantizadas explícita o implícitamente por el gobierno.
En ese contexto, indica que por esta razón es importante hacer una revisión del marco legal y de los indicadores financieros de estas empresas para identificar el grado en que pueden verse comprometidas las finanzas públicas.
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Señala que los riesgos fiscales se encuentran asociados a una serie de factores que se pueden presentar durante la operación de las empresas, tales como: la variabilidad de los dividendos, incertidumbre en los mercados y condiciones fluctuantes en que operaran, pérdidas operativas que hacen necesaria la intervención gubernamental por medio de recapitalizaciones periódicas y, los bienes y servicios que proveen las empresas públicas no responden a un precio de mercado.
Situación financiera del gobierno
El informe indica que es importante considerar que en ocasiones las empresas públicas podrían realizar operaciones cuasi fiscales, estas operaciones por su frecuencia o magnitud pueden tener efectos en la situación financiera del gobierno general.
A modo de ejemplo, cita una actividad cuasi fiscal podría presentarse en el momento que la empresa pública presta un servicio a un precio menor al de mercado, es decir, establece un subsidio implícito en el precio u otro ejemplo, corresponde a obtener préstamos bancarios subsidiados de bancos propiedad del gobierno.
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“Las actividades cuasifiscales corresponden a un tipo de actividad extrapresupuestaria, generalmente representado en una pérdida en el balance de la empresa”. afirmó.
Sostiene que esto tiene una repercusión importante, dado que las actividades cuasi fiscales conllevan riesgos fiscales, que pueden repercutir en el presupuesto, por medio de una menor transferencia de utilidades, pago de impuestos por parte de la empresa pública hacia el gobierno o por la necesidad que podría presentar la empresa pública en ser recapitalizada. “Esto se enmarca en los problemas de agencia que enfrentan las empresas públicas en Latinoamérica y el Caribe”, expresa.
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Añade que dentro del Manual de Transparencia Fiscal del FMI (2007), se reconoce la importancia de separar las funciones del gobierno y las actividades comerciales asociadas a las empresas públicas, dado que coadyuva a promover una clara rendición de cuentas al distanciar la conducción de distintas actividades.
Garantías de deuda del gobierno
El informe puntualiza que una de las recomendaciones del manual de transparencia fiscal en torno a las empresas públicas gira en relación con la clara definición de las relaciones financieras con el gobierno, dado que las mismas pueden ser de propiedad total o parcial del gobierno, por ello debe existir un marco legal claro sobre la forma que se realizaran las transferencias de utilidades o pago de dividendos al gobierno.
Afirma que dentro del referido manual se identifican los pasivos contingentes relacionados a empresas públicas, compuestos por explícitos e implícitos.
Al respecto, añade que los pasivos contingentes explícitos se encuentran asociados al marco legal donde el gobierno está en la potestad de otorgar garantías a la deuda que sea contraída por las empresas públicas, siendo por medio de préstamos o emisión de bonos.
Los pasivos contingentes implícitos se encuentran asociados a que existen expectativas altas o la presunción que el gobierno central tenga que salir en rescate de la empresa pública dado que es de importancia estratégica o los bienes y servicios que provee son esenciales para la población.
“Uno de los principales riesgos fiscales por empresas públicas se da por la garantía del gobierno a préstamos otorgados a las empresas públicas. Estas deudas acumuladas garantizadas, una vez que no pueden ser asumidas por la empresa pública, pasan a ser reconocidas por el gobierno como parte de la deuda pública, no siendo más un pasivo con características de contingente sino explícito”, indica el informe.