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El referido informe fue elaborado el año pasado por el Ministerio de Hacienda y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco de una asistencia técnica.
Los técnicos realizan un análisis relacionado con las condiciones de vulnerabilidad de la situación fiscal y de deuda pública, los riesgos y perspectivas a mediano plazo de Paraguay; dentro del cual uno de los temas abordados es el sistema de jubilaciones y pensiones del sector público.
En el informe se hace una reseña de la Caja Fiscal y menciona que incluye dos programas contributivos: el no civil, correspondiente a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales; y el civil, que abarca a empleados públicos, magistrados judiciales, magisterio nacional y docentes universitarios.
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Sobre la situación financiera de los sectores, indica que las tres cajas son deficitarias: la del magisterio nacional, y las de los programas no civiles, lo que conlleva a una situación deficitaria global para la Caja Fiscal.
Nuevos regímenes incorporados en la Caja Fiscal:
El análisis resalta que luego de la reforma realizada en 2003 (mediante la Ley N° 2345/03 “De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal”), entre 2007 y 2021 se crearon nuevos regímenes especiales de jubilación que anteriormente formaban parte del sector empleados públicos o administración pública.
Estos nuevos regímenes creados son: enfermeros; obstetras; médicos, odontólogos, bioquímicos y psicólogos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, médicos de todos los organismos y entidades del Estado y empresas públicas, docentes en educación inclusiva, agentes de la patrullera caminera, guarda-parques y trabajadores con discapacidad de la función pública.
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Sostiene que éstos nuevos regímenes provocaron una reversión de los efectos de la reforma de 2003, debido a que tienen parámetros diferentes al del programa contributivo civil, en cuanto a la edad mínima de jubilación, los años de aporte, las tasas de sustitución y el salario base para el cálculo de la jubilación, aunque todos los sectores aportan el 16% de las remuneraciones.
“Esta heterogeneidad de parámetros entre los sectores indica una señal de inequidad para el acceso a los beneficios entre los programas de jubilación”, añade el análisis.
Ajustes en parámetros jubilatorios
El informe menciona que dado que los efectos de un incremento en la tendencia del déficit son acumulativos y persistentes, es viable un escenario en que la deuda pueda ejercer presiones al alza.
Argumenta que ante esto existe la premura de realizar reformas a la Caja Fiscal que permita hacer frente a los pasivos previsionales.
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Sostiene que las alternativas de reforma se sustentan en ajustes en los parámetros (años de aporte, tasas, edad de retiro, entre otros), considerando el cambio demográfico de envejecimiento de la población, y teniendo muy presente que los efectos de estos ajustes tendrán su impacto en mediano/largo plazo.
“Además, se debe volver a analizar la creación de una Superintendencia de Pensiones, a fin de regular los programas de pensiones y ampliar los instrumentos de inversión permitidos”, añade.
Mejoró tras reforma de 2003
El documento expresa que dos hechos resaltan acerca de la situación financiera de la Caja Fiscal, en primer lugar, posterior a la reforma de 2003 su situación financiera mejoró anualmente, pasando de un déficit de 0,1% del PIB en 2008 hasta alcanzar su mejor situación financiera en 2012, con un superávit de cerca del 0,2% del PIB, que correspondió a cerca de US$ 259 millones. Agrega, que luego, la situación financiera volvió a deteriorarse anualmente, hasta alcanzar cerca de 0,4% del PIB en 2021, equivalente a US$ 181 millones.
En segundo lugar, dice el informe, los sectores de empleados públicos, magistrados judiciales y docentes universitarios exhibieron una situación financiera superavitaria en todos los años del periodo analizado, caso contrario a lo observado en los sectores de magisterio nacional, Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales.
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“Desde 2008 a 2021, la situación financiera global de la Caja Fiscal exhibió un déficit de cerca del 1,9 del PIB (cerca de US$ 681 millones), que se explica por los déficits acumulados de los sectores de las Fuerzas Armadas (acumulado del 2,5% del PIB), Fuerzas Policiales (1,6% del PIB) y magisterio nacional (1,5% del PIB), compensado parcialmente por el superávit acumulado proveniente principalmente de los empleados públicos (3,2% del PIB)”, refiere.
El informe indica en cuanto a las proyecciones del déficit de la Caja Fiscal para el periodo 2022 a 2029, se estima que de 0,6% del PIB en 2022 casi se duplicaría al 1,1% del PIB en 2029, con lo cual se tendría un déficit acumulado del 6,6% del PIB durante el periodo. “La dinámica del incremento del déficit global se basa en el aumento del déficit del Programa Civil, pues el déficit del Programa No Civil se mantendría cerca del 0,4% del PIB”, afirma.