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El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Rodolfo Segovia, informó en la tarde de ayer la decisión del presidente Mario Abdo Benítez de cambiar al responsable del Viceministerio de Trasporte. De esta manera reemplazó a Víctor Sánchez Chamorro por Óscar Stark, y argumentó que la medida se debió a “los acontecimientos de los últimos días”.
En solo esa frase, el ministro resumió la queja generalizada de los usuarios del transporte público del Área Metropolitana, quienes soportan constantes “reguladas” de buses y encima, viajan hacinados. Toda esta pésima prestación a pesar de que el Estado desembolsa fortunas en subsidios a los empresarios del transporte por cada boleto vendido.
El viceministro Stark indicó que su prioridad es mejorar el servicio, transparentar las gestiones y recuperar la confianza de la ciudadanía en la gestión de transporte.
En 2018, Stark fue gerente de Reconversión Urbana y Metrobus, obra inexistente valuada en US$ 50 millones. Al respecto, señaló que “sólo me encomendaron volver a habilitar la avenida que era zona de obras y fue lo que hice “, manifestó.
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Stark asumió en medio de presión ciudadana. Usuarios aglutinados en la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama) debieron recurrir a la justicia para acceder a datos públicos y así descubrieron de la legalización de “reguladas”, ya que Sánchez flexibilizó el año pasado las exigencias a las transportistas. Luego, cuando eso se supo, “endureció” las multas de 45 jornales a 10 jornales por cada infracción.
Pero lo más grave fueron los pagos del Estado por “pasajeros fantasma”. El subsidio a las empresas transportistas se otorga tras obtener la tarifa técnica; la misma contempla los costos operativos y los ingresos necesarios para cubrirlos. La cantidad de pasajeros es un ítem del cálculo y ese dato se obtiene con el billetaje electrónico.
Entonces, al realizar varias validaciones con “pasajeros fantasma” se falsearon datos de la tarifa, infla la cantidad de pasajeros, y al aumentar los usuarios, incrementa el compromiso de pago estatal, pues el subsidio es por cada pasaje vendido. Lo confirmó Sánchez.
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Pese a que el gremio de empresas de transporte es el que proporciona los datos del billetaje electrónico, Cetrapam, Sánchez nunca auditó la información proveída. Los operadores del billetaje son TDP SA (tarjeta Más), de Álvaro Wasmosy, y Epas SA, (tarjeta Jaha), de Cetrapam, que tiene 70% del mercado.
Por otro lado, Sánchez fue responsable del Centro de Monitoreo de Billetaje Electrónico que no funciona como debería. Costó US$ 4 millones y no arroja en tiempo real los datos sobre el transporte público.
Denuncias sobre “pasajeros fantasmas”, en Fiscalía
Al mediodía de ayer, horas antes de que se oficialice su destitución, Sánchez amplió su denuncia del viernes 31 de marzo en Fiscalía referente a “pasajeros fantasma”. Esta vez, entregó datos del primer trimestre del 2023: 26.000 validaciones sospechosas.
Para obtener esa cifra, dijo que se individualizó aquellas tarjetas que pagaron más de 10 pasajes por bus, en cada jornada de enero a marzo. Anunció que mismo trabajo realizaba de todo el 2022.
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Por su parte, la diputada Kattya González anunció la presentación de una denuncia contra Sánchez y el titular de Cetrapam, César Ruiz Díaz, por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza, estafa contra la prueba documental por las acciones descubiertas en los últimos días.
