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El informe que dio a conocer el FMI tras la aprobación del acuerdo en noviembre del año pasado, explica que su implementación se asienta sobre tres pilares: I) garantizar la estabilidad y la resiliencia macroeconómica; II) mejorar la productividad y fomentar el crecimiento económico; III) mejorar la protección e inclusión sociales.
Una de las metas incluidas en el pilar dos, para mejorar la productividad y fomentar el crecimiento económico, incluye una serie de reformas que el gobierno paraguayo se comprometió a llevar adelante, entre ellas la de reorganizar la estructura del Estado.
“Las autoridades tienen la intención de reformar la estructura del Estado para limitar las superposiciones y la fragmentación institucional y hacer más eficaz la aplicación de las políticas”, dice el informe.
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Añade que la Secretaría Técnica de Planificación (STP) está elaborando una propuesta legislativa con miras a simplificar y replantear la estructura, las reglas y las responsabilidades que rigen la organización de todas las instituciones que conforman la administración pública, integrar competencias y evitar conflictos y duplicación de funciones.
Explica que esta labor está en curso y que se prevé que quede plasmada en un proyecto de ley, que será enviado al Congreso, y que para ello se estableció como meta el mes de junio.
Presupuesto General 2023
El informe del FMI no lo dice, pero la reestructuración del Estado es un plan que se maneja desde hace años en las diferentes administraciones que pasaron, pero sin ningún avance.
A modo de ejemplo de la necesidad de implementar esta reforma, el Presupuesto General de la Nación (PGN) asigna recursos a 106 instituciones públicas que forman parte de la administración central y de las entidades descentralizadas.
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Además, dentro de la estructura de la Presidencia de la República existen otras 20 instituciones dependientes, entre Secretarías, oficina de la Primera Dama, Consejo, Agencia, Auditoría y Procuraduría.
En el PGN los cargos de funcionarios permanentes ascienden a 316.897 (administrativos, policías, militares, personal de salud, docentes y otros) y a esto se debe sumar más de 50.000 funcionarios contratados.
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Por fuera del presupuesto se suman las entidades públicas, sociedades anónimas (S.A): como la Empresa de Servicios Sanitarios (Essap), la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), ambas con deficientes servicios; y Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa), que hasta ahora no logró desarrollar ningún transporte ferroviario.
La reforma del Estado es un reclamo del sector privado desde hace décadas y la semana pasada nuevamente los empresarios ratificaron que ésta debe ser la prioridad, ante una nueva recomendación del Fondo respecto a que hay argumentos válidos para subir los impuestos en nuestro país.