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Los compromisos asumidos por el gobierno de Mario Abdo Benítez para financiar la ejecución de los programas presupuestados, van aumentando cada mes vía emisión de bonos del Tesoro y la contratación de préstamos de organismos internacionales.
El ejercicio 2022 finalizó con un nivel de endeudamiento público de US$ 15.053,7 millones, equivalente a 36,6% del PIB, lo que representó un incremento de US$ 1.422,4 millones con respecto al monto de 2021.
A la referida cifra total se le sumaron en enero nuevas deudas por US$ 63,9 millones y en febrero pasado otros US$ 118,1 millones más para alcanzar US$ 15.235,7 millones, que representa 37% del PIB.
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El informe refiere que del total, a la administración central le corresponde US$ 13.580,2 millones (33% del PIB) y a las entidades descentralizadas US$ 1.655,5 millones (4% del PIB).
Los datos dan cuenta que en lo que va de este gobierno, de 2018 a febrero de 2023, la deuda pública total se incrementó en US$ 7.194,8 millones, lo que representa 89,4% más.
El aumento en este periodo se dio, principalmente en 2019 y 2020, con las emisiones de bonos y la contratación de préstamos de organismos financieros internacionales para hacer frente a la caída de la economía y a la pandemia por covid-19.
Tope de deuda del 40%
Hacienda sostiene en su informe que el nivel de deuda del 37% del PIB alcanzado en el segundo mes del año se considera sostenible para las finanzas públicas del país y que es una de las más bajas en comparación con los países de la región y al promedio de deuda pública de los países latinoamericanos, tales como Brasil, Bolivia, Uruguay, Perú, y otros.
A criterio de la cartera fiscal, el nivel de deuda precautorio para nuestro país se encuentra en torno al 40% del PIB y que existe un compromiso de volver en 2024 al tope de déficit fiscal de 1,5% establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
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Para cumplir con esta meta, este año el saldo rojo no debe pasar de 2,3% del PIB y para ello la cartera fiscal tendrá que ir poniendo un freno al endeudamiento.
La deuda es con los organismos financieros internacionales, tales como el BID, Banco Mundial, CAF, Fonplata y otros, que representan el 46,9%; con tenedores de bonos del Tesoro local e internacional, que representa el 49,6% y con los inversionistas que realizan obras en el marco de la Ley N° 5074/2013 o “llave en mano”, lo que representa el 3,4%.