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Federico Ferreira, Beatriz Gonzalez y Mauricio Maluff, del Movimiento Ñemoirū Rape, presentaron esta mañana un pedido de amparo constitucional ante la negativa del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de cumplir la ley de acceso a la información pública, principalmente en lo referente a la frecuencia del transporte público.
La solicitud hiceron en el Palacio de Justicia, con el patrocinio de los abogados Jorge Rolón Luna, Belen Báez y Romina Sotelo. Según informaron los denunciantes, el 28 de febrero último presentaron un pedido de acceso a la información pública en el que solicitaron al MOPC varias informaciones referentes a la frecuencia de los buses. Sin embargo, no recibieron respuestas.
En ese sentido, el Viceministerio de Transporte, que depende del cuestionado Víctor Sánchez Chamorro, debía facilitar los datos que le solicitaron, pero ni siquiera respondió al pedido de los ciudadanos.
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Pidieron, por ejemplo, datos de geolocalización de todos los buses del Área Metropolitana, registro de multas por incumplimiento de frecuencias y registro de cálculos para verificar cumplimiento de frecuencias, pero no recibieron respuestas. “El periodo de tiempo de la información solicitada es del 1 de enero en adelante del presente año”, informaron.
Añadieron que pasado el tiempo que establece la ley para qeu les respondan al pedido, que fue ignorado, tomaron la decisión de recurrir a la justicia para obligar al MOPC a cumplir con el pedido.
Analizan otro pedido de amparo
“El movimiento también evalúa presentar, además, otro recurso de amparo para que el MOPC complemente con buses propios el déficit de cobertura del servicio, entendiendo que es un servicio esencial para la vida de los seres humanos”, indicaron.
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La solicitud de amparo la realizaron en medio de una crisis del transporte público, pues la ciudadanía viene denunciando a las empresas que no cumplen con sus frecuencias.
El Gobierno de Mario Abdo Benítez, con su viceministro de Transporte Víctor Sánchez Chamorro, solo se encargó de beneficiar a este privilegiado sector de empresarios y triplicó el subsidio a los mismos tras la implementación del billetaje electrónico.
En 2020, antes de la implementación de este sistema de pago del pasaje, los transportistas cobraban una subvención anual de US$ 10 millones, pero en el 2021 llegaron a cobrar más de US$ 20 millones y en el 2022 la cifra ya llegó a US$ 34 millones.