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El juez Carlos Zelaya consideró que el procesado, Carlos Raúl Rojas Rodríguez, desde el principio de la investigación abandonó su domicilio, es decir, desapareció del lugar y no se sometió a la investigación hasta que fue detenido por efectivos policiales, según el reporte del agente fiscal y el informe policial.
Agrega que en caso de que el mismo esté en libertad, podría obstruir la investigación y que la sustracción de energía eléctrica que se atribuye al imputado ocasionaba un daño patrimonial elevado al Estado, por ende a la población en general, debido a la gran infraestructura que se encontró en el domicilio del mismo.
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Añade que estas circunstancias “son consideradas parámetros para determinar el peligro de fuga y obstrucción a actos concretos de la investigación se encuentren latentes, siendo el objetivo principal de la presente etapa procesal el descubrimiento de la verdad”.
La “granja” intervenida el 23 de marzo de este año contaba con una potencia instalada de 3 MW, equivalente al consumo de 6.000 clientes residenciales. Y la energía no facturada al mes era de G. 2,16 millones por KWh, con un monto estimado de pérdida de G. 797 millones por mes, más IVA.