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El acuerdo alcanzado el año pasado entre el gobierno paraguayo y el FMI, en el marco del “Instrumento de Coordinación de Políticas (PCI)” para apuntalar la implementación de reformas estructurales necesarias, establece metas a ser cumplidas en el plazo de dos años.
De acuerdo con el informe del Fondo elaborado el año pasado, el convenio arrancó en noviembre de 2022 y va hasta noviembre de 2024, lo que implica la última etapa del gobierno actual de Mario Abdo Benítez y el primer año del gobierno que asumirá el próximo 15 de agosto.
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El informe del Fondo explica que el programa económico de las autoridades en el marco del PCI se centrará en tres pilares que incluyen: garantizar la estabilidad macroeconómica, promover el crecimiento de la economía y mejorar la protección social.
La entidad deja en claro, que si bien este instrumento no implica el uso de recursos del FMI, la conclusión con éxito de las revisiones del programa contribuiría a demostrar que Paraguay tiene el compromiso de mantener políticas económicas sólidas y de llevar a cabo reformas estructurales.
Reforma de la Caja Fiscal
En el capítulo de discusiones, el informe menciona que el programa que será apoyado por el PCI se asienta sobre los tres pilares ya mencionados, y en lo que hace Al primero de garantizar la estabilidad y resiliencia macroceconómicas, se incluye la reforma de la Caja Fiscal o Caja de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda.
Al respecto señala que “el dinero del fondo de pensiones de la función pública, o Caja Fiscal, se ha ido agotando a un ritmo cada vez mayor en los últimos años” y, en sentido, indica que en 2021 déficit fue de US$ 167 millones y para el año pasado se esperaba que aumente a US$ 224 millones.
Sostiene que las reservas actuales de la Caja Fiscal se sitúan en US$ 430 millones y se agotarían en menos de tres años, en cuyo momento el déficit tendría que ser cubierto en su totalidad por el gobierno central.
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El informe agrega que en respuesta a los crecientes riesgos fiscales, “el gobierno ha propuesto adoptar medidas transitorias para proteger la solvencia de la Caja Fiscal. El gobierno está preparando una ‘ley de transición’ que serviría como mecanismo provisional para reducir al mínimo las pérdidas financieras en los próximos años mientras se continúa trabajando en una reforma más integral de las pensiones”.
Además, indica que las medidas de transición se verían reflejadas en un proyecto de ley que se enviará al Congreso a finales de 2022 y que la meta de reforma es junio de 2023. “Las autoridades continuarán trabajando en una reforma integral del sistema de pensiones”, afirma.
Superintendencia de Pensiones
En cuanto a reforzar la supervisión financiera, el informe expresa que el gobierno tiene previsto reforzar el marco regulatorio y la supervisión de los fondos de pensiones. “Los fondos de pensiones de Paraguay están sujetos a rigurosas restricciones legales en cuanto a opciones de inversión y no cuentan con un marco regulatorio integral ni con un regulador/supervisor que promueva la rendición de cuentas”, indica.
Puntualiza que “para empezar a corregir estas deficiencias, el gobierno propondrá la creación de una entidad reguladora mediante un proyecto de ley que se tiene previsto enviar al Congreso y menciona como meta de reforma, diciembre de 2023.
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En ese contexto, se explica que como no están autorizados para invertir en títulos ni bonos públicos y como están sujetos a restricciones en cuanto a la tenencia de activos externos, los fondos de pensiones mantienen importantes proporciones de sus reservas a largo plazo en depósitos bancarios a corto plazo, lo cual es ineficiente y priva al mercado de capital de fuentes de financiamiento a largo plazo.
También menciona que en 2018, el gobierno presentó una ley para establecer un supervisor de pensiones dentro de la esfera del BCP, pero fue rechazada por el Congreso.
Escucharon inquietudes de jubilados
La Comisión Especial para el estudio de sostenibilidad del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público continuó ayer las reuniones programadas con beneficiarios de la Caja Fiscal. En esta ocasión, fueron convocados jubilados militares retirados de las Fuerzas Armadas, policías y docentes jubilados, justamente los sectores más deficitarios y que están más complicados.
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El senador Stephan Rasmussen (PPQ), titular de la citada comisión, recordó que las reuniones se realizan los martes en busca de un consenso dentro de la reforma que requiere la Caja de Jubilaciones.
“Escuchamos sus preocupaciones, sus reclamos y la conclusión es que debemos seguir dialogando; no tomar medidas que puedan profundizar el déficit de la caja fiscal”, expresó el legislador.
También proponen conformar una mesa de trabajo técnica con los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, y todos los sectores, para construir un consenso y una reforma integral de la caja fiscal y su sostenibilidad.