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El organismo de control comunicó a la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Hacienda sobre la investigación preliminar surgida, a partir de una denuncia ingresada a la institución a través del “Módulo de Investigaciones Electrónicas”.
El referido módulo es una herramienta mediante la cual las personas interesadas pueden denunciar hechos y/o actos contrarios a las disposiciones de la Ley N° 2051/03 y concordantes y los principios generales de la contratación pública, así como presentar los descargos correspondientes, realizar presentaciones adicionales que consideren pertinente y realizar el seguimiento del proceso, todo a través del link proporcionado, otorgando así mayores facilidades al usuario, se explica en el portal de la DNCP.
La nota con fecha 6 de marzo pasado, menciona que las denuncias ingresaron como casos N°44/23 y N°57/23 sobre supuestas irregularidades en relación al procedimiento de la licitación pública nacional para la contratación de servicios para la seguridad social de los funcionarios del Ministerio de Hacienda ID 419853.
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El documento lleva la firma de la juez instructor Paola Macarena Medina, del departamento de investigaciones de la DNCP; y de María Eugenia Otazo Aponte, directora general de asuntos jurídicos de la DNCP.
Señala que “a los efectos de clarificar lo referido en las denuncias, solicitamos justifiquen lo expresado en la misma e informen el estado de ejecución contractual del procedimiento de contratación de referencia, en una nota detallada dirigida a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Dirección, adjuntando la documentación que consideren pertinente; en el plazo de tres (3) días hábiles”.
En la nota de la DNCP se menciona que es contra la adjudicación, pero no se especifica si se trata del seguro médico (lote 1) o del servicio de sepelio (lote 2), ambos forman parte de la licitación realizada por la cartera económica.
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Además, indica que el pedido es realizado en virtud a lo establecido en el artículo 18 de la Ley N° 3439/07 que establece que las entidades, organismos y municipalidades coloborarán para la eficaz gestión en materia de contrataciones públicas y deberán proveer toda la información relacionada con la materia que sea requerida por la Dirección de Contrataciones.
“Finalmente, esta Dirección se reserva el derecho de investigar de oficio y/o adoptar otras medidas pertinentes al caso, dentro del ámbito de su competencia”, añade.
Nueva evaluación de las ofertas
Esta investigación sería paralela a la protesta presentada por Santa Clara S.A de Medicina Prepaga, que la DNCP hizo lugar y resolvió anular la adjudicación efectuada por Hacienda a favor del Consorcio Salud SD para la provisión del “seguro médico vip”.
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La DNCP ordenó también a Hacienda realizar una nueva evaluación de las ofertas presentadas en la licitación y le otorgó un plazo de 20 días corridos para adoptar una nueva resolución.
En lo que respecta al servicio de sepelio, fue adjudicado al Grupo Proinsa S.A (Jardín de la Paz), por un monto de G. 600 millones, incluyendo IVA y todos los gravámenes previstos.