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Las personas involucradas en el caso son los empresarios Guillermo Henin, director de Dicmar SA; Gianfranco Rizzo, representante de Impregilo SA, adjudicataria con Dumez del contrato obras civiles principales del proyecto Yacyretá; y Robert Ortega “a cargo de las adjudicaciones”, funcionario por ende de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
Explica el redactor que el 14 de octubre de 1989, el contador Antonio Casanova denunciaba que las personas de referencia habían cobrado de manera ilegal el 15% de reembolsos impositivos por el hormigón que se usó para la construcción de la represa, que una situación similar se planteó con el 25% de los neumáticos usados en la obra. El monto del fraude contra el Estado ascendía a US$ 191.004.394,394.
Angulo utiliza como contexto de su material declaraciones de Carlos Menen en abril de 1990, entonces presidente de la República Argentina: “Si aquí hay un monumento a la corrupción, es Yacyretá”, decía.
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Las tres personas fueron definitivamente sobreseídas debido a la obsolescencia del caso, al deterioro de los documentos probatorios, a la muerte de testigos, etc., según puede interpretarse.
Menem suspendió la construcción del proyecto
El 3 de abril de 1992, Carlos Saúl Menem, entonces jefe del Estado argentino, suspendía la obras de Yacyretá por seis meses y denunciaba que el costo de la obra, que había sido calculado en US$ 1.500 millones ya alcanza los US$ 3.000 millones con una ejecución inferior al 50%. “Si seguimos así llegaremos a US$ 12.000 millones”, enfatizaba.
Cabe destacar el monumento a la corrupción fue denunciado por Menem pero, llamativamente, pese a la constitución e investigación de la Comisión Binacional de Fiscalización, el entonces presidente no identificó a sus escultores.