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El 17 de mayo de 2011, el entonces presidente Fernando Lugo firmó el Decreto N° 6630 por el cual se creó el régimen de subsidios para el transporte público y se estipuló en el artículo 12 que en seis meses se implemente el billetaje electrónico con el objetivo de conocer la cantidad de usuarios y pasajes vendidos, porque el subsidio es por cada boleto vendido.
Sin embargo recién nueve años después y con G. 374.528 millones desembolsados, el Gobierno implementó el cobro electrónico el 17 de febrero de 2020, con la participación de dos firmas operadoras, que son Epas SA (de Cetrapam), con su tarjeta Jaha y TDP SA (de Álvaro Wasmosy), tarjeta Más.
Ambas fueron autorizadas por el Viceministerio de Transporte, cuyo titular en ese entonces era Pedro Britos. Entre las obligaciones están que sus dispositivos sean interoperables entre sí, contar con varios puntos de venta y recarga de sus plásticos, entre otros.
En ese entonces, Britos aseguraba que el cobro electrónico permitiría brindar un “diagnóstico” en tiempo real de la cantidad de buses y usuarios que realizan viajes en el momento, además de conocer los “puntos de calor” que registran mayor demanda de usuarios y de acuerdo a esos datos actualizar los itinerarios de transporte.
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Asimismo brindar una serie de ventajas a los usuarios al comprar tarjetas, recargas de saldo de montos importantes, ventajas para universitarios, entre otros.
Sin embargo, a tres años, se aprecia que sólo constituye un cobro electrónico, sin mayores beneficios para los usuarios. No se dispone de los datos recabados con cada validación y que se concentran en el Centro de Control y Monitoreo (CCM), que es el “cerebro” del billetaje.
Incluso hubo denuncias de irregularidades en el proceso de autorización por parte de la empresa “Pay Móvil”, representado por Carlos de Pauli, quien indicó que cuenta con la experiencia en el sistema de Buenos Aires, pero acá no se consideró.