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La referida entidad administra la jubilación de los funcionarios de la administración central (administrativos, docentes, magistrados, docentes universitarios, policías y militares), que desde el año 2015 registra un resultado negativo consecutivo y creciente, que según los analistas económicos es una “bomba de tiempo”.
El informe correspondiente al mes de enero señala que actualmente cuenta con 220.349 aportantes, que son los funcionarios activos de las diferentes instituciones públicas que abonan el 16% de su ingresos para la jubilación; y 59.739 jubilados, así como 10.739 herederos o pensionados.
La cartera señala que en enero el aporte alcanzó G. 253.163 millones (US$ 34,3 millones) y se pagó beneficio por G. 361.184 millones (US$ 48,9 millones), lo que deja como resultado un déficit de G. 108.021 millones (US$ 14,6 millones).
El saldo rojo equivale a -30% de diferencia entre el aporte y los gastos realizados en el primer mes del año, que se financia con recursos del Tesoro (impuestos pagados por la ciudadanía) y con fondos de los sectores superavitarios. El déficit en el primer mes del año es superior al comparar con el mismo mes del año pasado cuando la diferencia entre aportes y pagos de jubilaciones fue del 28%, por G. 88.379 millones (US$ 12,7 millones).
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Déficit por sectores
La Caja de Jubilaciones está conformada por seis sectores: empleados públicos, magistrados judiciales y docentes universitarios, que en enero cerraron con superávit del 62%, 14%, 6%, respectivamente. Además, policías, militares y maestros que registran déficit del -46%, -65% y -51%, respectivamente.
El déficit de militares y policías se financia íntegramente con los recursos aportados por los contribuyentes, que provienen de la recaudación de los impuestos que paga la ciudadanía; mientras que el de docentes se cubre con los fondos de los sectores que tienen superávit.
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Los jubilados recibieron en enero un reajuste en sus haberes por inflación del 8,1%, en tanto que los policías y militares retirados recibieron el reajuste de acuerdo a la variación del sueldo mínimo del 11,4%.
El año pasado el aporte de los activos fue de unos G. 3,22 billones y los pagos efectuados llegaron a G. 4,10 billones, dejaron como resultado déficit de 880.734 millones (US$ 120 millones), a lo que se suma el aporte de US$ 87 millones efectuado por el Tesoro por los cargos vacantes existentes, totalizando US$ 210 millones.
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Las estadísticas de la cartera fiscal indican que en los últimos ocho años la brecha entre el aporte y el pago de jubilaciones en la Caja Fiscal ronda los US$ 900 millones, monto que va creciendo en cada ejercicio y que es financiado con los impuestos de los contribuyentes.
A pesar de este panorama, no avanza ninguna reforma de la entidad para reducir el déficit que arrastra desde hace años y más bien, lo que está más próximo de ser aprobado es el proyecto de ley de actualización de haberes, que según Hacienda no es otra cosa que equiparar la jubilación al sueldo de los funcionarios activos, una medida que pondría en riesgo no solo el pago de los haberes sino también la futura jubilación de los funcionarios que hoy están aportando.