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El director de Acceso a Información Pública (AIP) del Ministerio de Justicia (MJ), Mario Ovelar, reportó que instituciones del Poder Judicial son los que acumulan más expedientes sin responder. El MJ recibe los pedidos de informes públicos de los ciudadanos y los deriva, ya que esos organismos no se encuentran adheridos al portal unificado de AIP.
Cabe recordar que el Decreto N° 4.064, que reglamenta la Ley N° 5282 de Libre Acceso Ciudadano a Información Pública, establece en el artículo 9 que todas las fuentes públicas deben usar el portal unificado, incluyendo a los organismos del Poder Judicial.
Pero como dicho poder se rehúsa, la Fiscalía en el año 2022, recibió 99 expedientes de solicitudes ciudadanas, pero a través del MJ.
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Ovelar indicó que la cantidad de solicitudes derivadas al Ministerio Público evidencia el interés ciudadano en conocer informes públicos de esa institución.
En cuanto al retorno dado a esos expedientes, detalló que de los 99 expedientes, 42 fueron respondidos y otros 26 también pero fuera del plazo, mientras que 31 no tuvieron respuesta.
Señaló que aquellos que son respondidos, la cartera sube al portal y cualquier usuario puede encontrarlos y acceder a sus contenidos.
La Fiscalía dispone de otro mecanismo para recibir consultas y es a través de su oficina de Transparencia. Las respuestas en este caso se entregan directamente al recurrente, vale decir, no se envía una copia de ellas al Ministerio de Justicia ni se publica en el portal unificado.
De esta manera, si algún ciudadano está interesado en conocer sobre un caso solicitado previamente por otro recurrente, no tendrá manera de encontrar ese expediente.
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Corte Suprema y la Justicia Electoral
Luego de la denuncia de la falta de respuesta a solicitudes de informes públicos, canalizados vía MJ, la Corte Superma de Justicia (CSJ) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se encuentran enviando reportes al Ministerio de Justicia para que éstos sean divulgados en el portal unificado. Ambas instituciones acumulan 50 y 28 expedientes sin responder, respectivamente.
Especialistas en el derecho al Acceso a Información Pública resaltaron la gravedad de esta situación atendiendo la sensibilidad y alto interés ciudadano de los datos públicos que manejan dichos entes, sobre todo en época electoral.
Ambas instituciones indicaron que cuentan con sus propios mecanismos, similar al de la Fiscalía, pero ocurre que sus respuestas son entregadas de forma personalizada y así, no son de libre acceso para toda la ciudadanía.