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Autoridades públicas se reunieron esta mañana en oficina de Cancillería con representantes de gremios del sector privado para informar referente a la “LVII Reunión de la Comisión del Acuerdo Paraguay- Paraná”, que se desarrolló en carácter urgente el jueves pasado, en Buenos Aires. Del encuentro participaron representantes de los Estados Parte, que son Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay.
De esta reunión participaron representantes del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), Cámara de Terminales y Puertos Privados del Paraguay (Caterpa), Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) y Asociación de Agentes Marítimos del Paraguay (Asamar), además de representantes de la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (CPTCP).
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Hidrovía: postura regional es suspender peaje establecido por Argentina
Tras el encuentro, el viceministro de relaciones económicas, Enrique Franco, informó en conferencia de prensa que Uruguay, Bolivia y Brasil se unieron al planteamiento de Paraguay, por lo tanto, calificó de una postura “regional” el pedido de suspender la medida unitateral pretendida por Argentina de cobrar peaje por el uso de la hidrovía.
Precisó que Argentina se comprometió a brindar un informe técnico referente al plan que desea aplicar.
Esteban Dos Santos, de Cafym, puntualizó que el Acuerdo de la Hidrovía Paraguay- Paraná es bien claro en sus disposiciones para aplicar cobros adicionales y en qué condiciones se permiten. Consideró que no se cumplen los criterios para ello y por lo tanto, no corresponde.
Mencionó que hasta el momento el sector privado no pagó, pero “el impacto puede ser ya un hecho porque se está haciendo una previsión a futuro por si se cobre”.
Mencionó que próximamente se volverán a reunir con miras a analizar la respuesta de Argentina, que se espera sea lo antes posible.
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El cobro de peaje sería de US$ 1,47 por tonelada de registro neto, y la tarifa será aplicada por la Administración General de Puertos (AGP) de Argentina. Teniendo en cuenta que el peaje pretendido y considerando la medida de la carga útil de un convoy de 20 barcazas, el cobro sería de unos US$ 20.000 por viaje (ida y vuelta sería doble). De esta manera, el impacto a la flota local sería de unos US$ 40 millones, se calcula.