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Esteban Dos Santos, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), indicó a ABC que al sector le llama la atención la postura de Argentina de mantenerse en el cobro de peaje por la flota que circula por la hidrovía Paraná-Paraguay en su territorio.
Esa postura se supo en la LVII Reunión de la Comisión del Acuerdo Paraguay- Paraná, bajo la presidencia Pro Tempore de la República Oriental del Uruguay, en la sede de la Embajada uruguaya en Buenos Aires, el jueves último. En el encuentro participaron representantes de los Estado Parte, que son Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay.
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Cabe recordar que el Tratado de la Hidrovía Paraguay- Paraná, conocido también como el Acuerdo Santa Cruz de la Sierra sobre transporte fluvial, establece -entre otros puntos- la garantía de que los países integrantes tengan libre tránsito en la hidrovía.
“Las delegaciones de Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay, con una misma posición, solicitaron a Argentina que demuestre técnicamente cuáles son las obras o trabajos realizados que requieren retribución a través de esta tarifa de peaje y Argentina se negó a constituir esta mesa técnica para hacerlo”, comentó Dos Santos.
Seguidamente, indicó que desde el gremio, ninguno de los socios pudo apreciar ni conocer las obras ejecutadas supuestamente por el vecino país que justifiquen la aplicación del cobro.
Teniendo en cuenta que los usuarios desconocen los trabajos y la autoridad competente no demuestra las inversiones, Dos Santos opinó que la implementación del peaje debe desestimarse.
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Por otra parte, el representante del gremio puntualizó que Argentina no siguió el proceso suscripto por los cancilleres de la Cuenca del Plata en 1992 y que entró en vigencia desde el 13 de marzo de 1995, que es el Acuerdo de Santacruz de la Sierra sobre transporte fluvial.
Sobre el punto, Dos Santos indicó que el documento estipula todos los procesos y procedimientos establecidos sobre la navegación en la hidrovía Paraguay - Paraná.
“El documento establece que ningún país puede imponer tasas o gravámenes de ningún tipo sin el consentimiento de todos los demás países miembros del Acuerdo y bajo ninguna circunstancia puede fijarse una tasa sin contraprestación de servicio”, dijo.
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Añadió que ninguno de los dos escenarios se planteó en esta ocasión.
Teniendo en cuenta el panorama actual, señaló que el gremio planifica desarrollar un encuentro en Cancillería el próximo lunes, para profundizar detalles del encuentro desarrollado en la ciudad de Buenos Aires.
“Consideramos que debe haber un reclamo formal muy fuerte con el apoyo de los demás países integrantes del bloque”, afirmó.
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Cabe recordar que el cobro de peaje sería de US$ 1,47 por tonelada de registro neto y la tarifa será aplicada por la Administración General de Puertos (AGP) de Argentina. Teniendo en cuenta que el peaje pretendido, de US$ 1,47 por tonelada de registro bruto, y considerando la medida de la carga útil de un convoy de 20 barcazas, el cobro sería de unos US$ 20.000 por viaje (ida y vuelta sería doble). De esta manera, el impacto a la flota local sería de US$ 40 millones.