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Los jubilados y pensionados afectados al régimen administrado por el Ministerio de Hacienda que cuenta con alrededor de 70.000 beneficiarios, cobraron ayer miércoles sus haberes correspondiente al presente mes, asimismo percibieron un incremento de hasta un máximo del 8,1%.
Desde la cartera estatal explicaron que para la actualización de las jubilaciones y pensiones de los beneficiarios incluidos en la planilla fiscal de pagos durante el año 2022, se aplicó la tasa de actualización que resulta de la diferencia entre el 8,1% y el Índice de Precios del Consumidor (IPC) acumulado mensual establecido por el Banco Central del Paraguay (BCP).
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Déficit en la caja de jubilados y pensionados
Si bien el reajuste es totalmente válido y legal, lo cuestionable es que técnicamente la Caja Fiscal no tiene recursos como asumir el incremento de los haberes, porque ni siquiera puede hacer frente con los compromisos actuales.
Al cierre del año 2022, la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal alcanzó un déficit de US$ 210 millones, de acuerdo con el informe del Ministerio de Hacienda.
De esta manera se completan ocho años de sucesivos déficits en la Caja de Jubilaciones del funcionariado público, que rondarían los US$ 890 millones, que fueron financiados con los impuestos abonados por los contribuyentes, monto que pudo haberse invertido en infraestructura, en salud y educación.
Si no se encara una reforma o salvataje en el corto plazo, será cada vez mayor el desembolso que tendrá que realizar el Estado para cubrir las jubilaciones del sector público.
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El déficit proyectado para el presente año
La expectativa es que dicha diferencia entre los aportes y el pago de jubilaciones llegue a unos US$ 250 millones para el cierre de 2023.
Desde Hacienda explican que de aquel saldo negativo, US$ 180 millones corresponden al sector de policías y militares, mientras que US$ 70 millones al sector de docentes del Ministerio de Educación y Ciencias.
El déficit de las Fuerzas Públicas se financia directamente con los fondos provenientes de la recaudación de los impuestos que paga la ciudadanía en general, en tanto que la brecha del sector docente es solventada con los recursos de los sectores que registran superávit.