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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se reuniría con el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, mañana para recibir el informe final, según indicaron en la cartera.
Las versiones manejadas indican que Hacienda reiterará al presidente los dos escenarios con sus pro y sus contra, a la vez de recomendar una de las medidas: el veto parcial o la promulgación como fue aprobado por el Congreso.
“La decisión final es del presidente”, señalaron los técnicos de Hacienda cuando fueron consultados sobre la recomendación que realizarán a Abdo Benítez.
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Un análisis preliminar de la cartera concluía que no estaban de acuerdo con los aumentos salariales aprobados por el Congreso, pero que jurídicamente el veto parcial era complicado debido a que no eliminaría todos los incrementos presupuestados.
A la hora de tomar la decisión también tendrá su peso las próximas elecciones generales que se llevarán a cabo en el mes de abril.
Monto del PGN 2023 sancionado por el Congreso
El PGN sancionado por el Congreso asciende a poco más de G. 105,3 billones (US$ 14.844 millones al cambio presupuestado), lo que representa el 33,9% del producto interno bruto (PIB) estimado para el año venidero.
El Parlamento incluyó aumentos salariales en diversos sectores y creaciones de cargos, lo que hace que el gasto público sea más rígidos este año, pero principalmente en 2024 donde recaerá todo el impacto de las modificaciones.
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Los legisladores aumentaron el presupuesto en G. 214.000 millones (US$ 30 millones), con respecto al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo; se incrementaron los servicios personales en G. 351.000 millones (US$ 50 millones), lo que incluye nivelaciones y aumentos salariales, bonificaciones a diversas instituciones y se crearon 1.340 nuevos cargos.
También se realizaron reprogramaciones de gastos por valor de G. 167.000 millones (US$ 23,5 millones), y se aumentó artificialmente la estimación del ingreso por G. 184.000 millones (US$ 25,9 millones), destinado principalmente para sostener gastos rígidos.
Además, se recortaron inversiones que se financian con deudas, principalmente en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para financiar gastos corrientes en el Ministerio de Salud.