Otra suba de G. 1.000 en peaje del tramo de Tape Porã desde enero

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que a partir de enero de 2023 comenzará a implementarse la segunda etapa de actualización de la tarifa básica del peaje en el tramo de la ruta PY02 concesionado a Tape Porã. En junio de este año ya se registró una suba de G. 1000 y ahora se aplicará otro reajuste de G. 1000 más.

En junio de este ya se registró una suba de G. 1000 en el peaje de Tapé Porã
En junio de este ya se registró una suba de G. 1000 en el peaje de Tapé Porãgentileza

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A través de la Resolución 1509/2022, el MOPC actualizó la tarifa del precio del peaje en el tramo concesionado de la Ruta PY02, a cargo de la empresa Tapé Porã, concretamente la tarifa básica para los vehículos livianos. En la primera etapa de un precio de G. 15.000 pasó a G. 16.000 en julio del 2022 y ahora, en una segunda fase, la tarifa será de G. 17.000 desde el 1 de enero del 2023.

Si bien en la resolución del MOPC no se especifican subas en las demás categorías de vehículos, Ricardo Ruiz, directivo de la concesionaria, explicó a ABC que el reajuste se aplicará a todos los usuarios, ya sean automóviles o camiones y “en similar porcentaje” que el precio de los vehículos livianos. Pero no especificó los montos.

Lo concreto es que la resolución del MOPC data de junio de 2022 y lleva la firma del entonces ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, quien autorizó el reajuste del precio en dos etapas: la primera ya implementada desde 1 de julio y ahora a partir del 1 de enero del próximo año.

Concesionaria administra dos peajes

Tape Porã administra actualmente dos estaciones de peaje, la del km 201 de la ruta PY02, en Pastoreo (Caaguazú), y la del km 301 de Minga Guazú (Alto Paraná).

Recordemos que la mencionada empresa es la encargada de la operación y mantenimiento de la ruta duplicada, debido a que el tramo comprendido entre el km 183 y el km 323 está bajo un régimen de concesión, por lo que el cobro de los peajes forma parte del sistema de financiación de las obras en la zona.

Con este mecanismo se pretende asegurar al sector privado el reintegro de los capitales invertidos, los costos de administración, mantenimiento de la carretera, prestación de servicios al usuario y el beneficio de la inversión privada en las obras públicas.

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