Cancillería “renunció” a edificio del Puerto, porque quiere evitar movilizaciones

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) renunció a una de las torres que le correspondía de los cinco edificios del Puerto de Asunción, porque no quiere exponer a diplomáticos a las movilizaciones que podrían darse en el lugar. Esto, atendiendo a que allí también se instalarán instituciones “sensibles” como el MEC, MUVH y MTESS. Al menos esa es la explicación que dio el MOPC, que otorgó el lugar de la Cancillería a Aduanas.

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) es la única institución que ya está equipando las oficinas de Gobierno.
La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) es la única institución que ya está equipando las oficinas de Gobierno.ARCENIO ACUÑA

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La Dirección Nacional de Aduanas (DNA), que no debía instalarse en una de las cinco torres para oficinas de gobierno que se erigieron por casi US$ 82 millones en el Puerto de Asunción, es la única institución que ya comenzó a equipar uno de los edificios, que originalmente se pensó para el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).

Llamativamente, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) autorizó que la mencionada institución, dirigida por Julio Fernández, ya ocupe uno de los edificios, pese a que Aduanas hace poco inauguró una nueva sede central, un edificio de ocho pisos que fue construido por casi US$ 2 millones. La sede se encuentra sobre la Avenida Costanera en su intersección con Montevideo.

No se sabe qué criterios evaluó el MOPC para ceder la torre que no le correspondía a Aduanas, pero según explicó el coordinador del programa de reconversión urbana del MOPC, el arquitecto Ricardo Riego, el edificio donde debía instalarse la Cancillería se cedió a la DNA porque dicha institución no quería ocuparlo.

Fachada de una de las torres de las oficinas de Gobierno que serán ocupadas por Aduanas.
Fachada de una de las torres de las oficinas de Gobierno que serán ocupadas por Aduanas.

Cancillería no quiere exponer a diplomáticos a movilizaciones

Según Riego, el MRE renunció a una de las torres que le correspondía de los edificios del Puerto de Asunción, porque no quería exponer a los diplomáticos a movilizaciones que podrían darse en el lugar, atendiendo a que en el lugar también se instalarán instituciones “sensibles” como el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el MOPC, el Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH), el Ministerio Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS).

Lo concreto es que Aduanas ya está invirtiendo en equipar una de las torres para mudarse allí, y no se sabe si la institución realizó alguna licitación para concretar estas inversiones, en plena semana electoral.

“La Cancillería, vía nota, decidió no trasladarse, o sea, renunciaron a ir al Puerto. El argumento de ello es que allí se instalarán otros ministerios como el de Trabajo, de Vivienda y Educación, donde puede haber manifestaciones y otros problemas. Nos dijeron que ellos no pueden mudarse allí porque reciben delegaciones extranjeras como ministros o embajadores”, expresó Riego.

Al mismo tiempo, indicó que la DNA ya se está equipando el lugar porque tiene los recursos para hacerlo. “Ellos tienen fondos propios y están haciendo con sus fondos el cableado de fibra óptica y la parte mobiliaria”, expresó.

Las oficinas de Gobierno están culminadas, pero no son habilitadas por falta de equipamientos.
Las oficinas de Gobierno están culminadas, pero no son habilitadas por falta de equipamientos.

Edificios siguen como oficinas “fantasma”

Las obras de las cinco torres para oficinas de gobierno, que se erigieron por casi US$ 82 millones en el Puerto de Asunción, están casi terminadas. El MOPC analiza la recepción provisoria de los edificios, pero los ministerios asignados siguen sin ocuparlos, porque no están equipados, amoblados, ni tampoco cuenta con la energía eléctrica necesaria. Por ahora son solo costosas oficinas “fantasmas”.

Los trabajos están a cargo del Consorcio TBI –integrado por las empresas paraguayas Tecnoedil SA, Alberto Barrail e Hijos SA y la Constructora Itasa SA–, que está representado por Carlos María Orué Gusmao, Rolando Ríos Tomboly y Alberto Barrail.

La obra fue adjudicada en 2017 por G. 478.828 millones (US$ 68 millones al cambio actual), pero el monto del contrato ya se incrementó a G. 574.579 millones (casi US$ 82 millones), es decir; ya se registró un sobrecosto de G. 95.750 millones (US$ 13,6 millones), que representa un incremento del 20%.

El encarecimiento se dio para agregar la construcción el eje cívico, que es un parque con estacionamiento subterráneo. Vale decir, antes de esta modificación, se preveía menor cantidad de estacionamientos.

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