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Si bien la Cámara de Senadores en su momento se había ratificado en su sanción inicial, Diputados se allanó al veto total del Ejecutivo y mandó al archivo el proyecto de ley que planteaba una regulación a la producción y comercio de criptomonedas.
Lo que más pesó en Diputados fue la advertencia de autoridades de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) respecto a que si entraba en vigencia esta ley, les generaría millonarias pérdidas.
“El rechazo del veto representará una pérdida anual para la ANDE de alrededor de US$ 30 millones”, indicó el diputado Arnaldo Samaniego (ANR, oficialista) en representación de la Comisión de Presupuesto.
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“Con este monto ya se pueden adquirir unos 10.000 transformadores de distribución de 100 Kv/a para el mejoramiento de la calidad de servicio de 300.000 clientes”, agregó Samaniego, a la vez de advertir que si no se aceptaba el veto, la ciudadanía tendría que subsidiar la energía a estas empresas que funcionan como electrointensivas.
Otros también argumentaron que este tipo de empresas requieren mucha energía y generan pocas fuentes de empleo, por lo que no compensa que sean alentadas.
Acusan que la Ande pretende un “negociado” con la producción de criptomonedas
La diputada Celeste Amarilla (PLRA) por su parte defendió la sanción inicial del Congreso, e incluso acusó a las autoridades de la ANDE de realizar un “negociado” por su cuenta en base al rechazo de este proyecto de ley.
“Por un lado la ANDE le está ofreciendo a diputados y senadores luz para sus comunidades como prebenda para que acepten el veto. Eso es coima”, acusó Amarilla.
A su denuncia ante el pleno también agregó que supuestamente la empresa estatal ya negoció con cuatro firmas en específico, a las que presuntamente favoreció con precios privilegiados.
“Por si acaso esto salía (la ley) ya le dieron a sus amigos a precio preferencial de 30 dólares por mega, y hoy cualquier otro tiene que pagar 57 dólares por mega; es un negociado”, refirió.
No dio los nombres de los presuntos beneficiados, pero dijo que son “tres empresas chinas y una suiza”.
El diputado Sebastián García (PPQ) también defendió la sanción inicial, diciendo que la empresas de hecho ya están instaladas, y lo que buscaba la ley es regularlas.
“No promulgar una ley no va a hacer que dejen de existir y hoy hay gente incluso que se está aprovechando de la informalidad”, sostuvo.