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El agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Juan Ledesma confirmó a ABC que su jefe, el fiscal adjunto Roberto Zacarías, le ordenó realizar nuevas diligencias en la investigación por presunto lavado de dinero a los directivos de la empresa Daruma Sam SA, cuyo nombre de fantasía es Apostala.
Se trata de la concesionaria actual del juego “apuestas deportivas”, que tiene carácter exclusivo por cinco años, conforme estipula la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar. Los accionistas de la empresa son Gregorio Espinoza, Giuseppe Espinoza, Fernando Ribeiro (de nacionalidad portuguesa), Manuel Lugo, Emilio Nuñez, Pablo Protti y Ariel Doldan, en ese orden, comentó Ribeiro.
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Ledesma indicó que había planteado la desestimación de la investigación, iniciada tras un reporte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). Luego, el Juzgado Penal de Garantías especializado en delitos económicos del primer turno se opuso a la desestimación, por lo que Ledesma se ratificó en su intención de desestimar; sin embargo, por orden del fiscal adjunto Zacarías, tuvo que rever su postura y hoy la investigación sigue.
ABC preguntó por vía telefónica al agente cuáles fueron sus argumentos para la desestimación y en qué consisten las nuevas diligencias, pero el fiscal evitó profundizar. Añadió que no tiene inconveniente en brindar información, aunque hasta el momento evitó dar más datos y dijo no tener tiempo para brindarnos una entrevista cara a cara.
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El fiscal comentó, no obstante, que no existe ningún imputado en la investigación y que por ese motivo, tampoco tiene un tiempo límite para cerrar sus indagaciones. Así, “siguen las diligencias”, se limitó a insistir.
Nuestro diario consultó también sobre el caso a Ribeiro, de Apostala, y éste negó “categóricamente” que se esté lavando dinero. Agregó que todos los socios son buenas personas y prometió dar una postura de la firma el martes próximo.
Críticas a Conajzar
La confirmación de la investigación a Apostala se dio poco después de que la Comisión Nacional de Juego de Azar (Conajzar), cuya titular es María Galván, adjudicara a la firma por otros 5 años la concesión del mismo juego. Según el PBC del llamado, estas indagaciones no son impedimento para una adjudicación, sino que sólo una sentencia en una causa judicial.
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Aún así, los diputados Celeste Amarilla y Sebastián Villarejo criticaron la adjudicación y que Álvaro Rojas, el hijo de la ministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carolina Llanes, defienda a la directiva de Apostala. Ambos destacaron las sospechas de vínculos de los empresarios con el narcotráfico y el aparente tráfico de influencia.
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Se intentó conversar con Rojas pero no contestó nuestros mensajes y llamadas. Al respecto, Ribeiro señaló que no existen inconvenientes de dar declaraciones a la prensa, pero su abogado no respondió.
Los cuestionamientos surgen en medio del aparente caso de tráfico del influencias del ministro Antonio Fretes y su hijo, Amílcar Fretes quien fue contratado para dar una “salida jurídica” a la extradición de Kassem Mohamad Hijazi a Estados Unidos.
Descalificados presentaron recursos
Los dos oferentes descalificados en la licitación del juego de apuestas deportivas presentaron recurso de reconsideración contra la adjudicación a Apostala. Se trata de la firma unipersonal Carlos Alder Benítez (Play Tech), representada por Rubén Melgarejo Lanzoni, y el Consorcio B-Gaming sucursal Paraguay y Gambling SA, representado por Néstor Povigna. Este último recalcó que presentó la oferta de canon más alto (27%), frente al 22% de la ganadora. “Conforme a nuestros cálculos, así la Conajzar se priva de US$ 5 millones anuales”, dijo. Añadió que esos recursos van a la Secretaría Nacional de Deportes (SND) y Diben.
