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La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023 y devolvió a la Cámara de Diputados para una segunda ronda de estudio, teniendo en cuenta que introdujo modificaciones a la media sanción inicialmente dada.
El Senado se sumó ayer al festín financiado con el dinero de los contribuyentes que empezó en la sesión extraordinaria del jueves 10 de noviembre en Diputados, en coincidencia con las próximas internas partidarias del 18 de diciembre y apuntando a las elecciones generales del 30 de abril de 2023.
Los senadores, exceptuando unos pocos que se opusieron y alertaron que se pone en riesgo la sostenibilidad fiscal, no escatimaron gastos y dieron vía libre a las modificaciones planteadas al proyecto de presupuesto que había presentado el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda.
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Se confirmó no solo los aumentos incluidos en la Cámara Baja, sino también lo dictaminado por las comisiones de Hacienda y Presupuesto, y de Cuentas y Control, más lo planteado por los senadores en el transcurso de la plenaria.
Las modificaciones introducidas en el Senado
Los números preliminares ascienden a más de G. 105,3 millones (US$ 14.842 millones), de los G. 105,1 billones (US$ 14.818 millones) solicitado por el Ejecutivo con un déficit de 2,3% del PIB, monto que podría variar tras los ajustes que deberán realizarse.
Las modificaciones incluyen aumento salarial, incremento en las bonificaciones por insalubridad, “equiparación y nivelación salarial” (que en realidad son subas salariales), creaciones de más cargos que llegan a un total de 2.900.
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Los principales beneficiados, por su parte, son funcionarios del Congreso, personal de blanco y administrativo del Ministerio de Salud Pública, docentes y personal administrativo de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), las universidades nacionales del interior.
Los gastos reasignados fueron por US$ 62 millones, de esto US$ 37 millones van a salarios y cargos, según dijeron durante el debate.
Senadores recortan proyectos de inversión
Además, se recortaron unos US$ 15 millones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) previstos para construcción de rutas y fueron destinados a financiar los aumentos en Salud, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Defensa e INDI.
También se le recortó al MOPC otros US$ 4 millones, que fueron transferidos al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para la compra de tractores, palas, semillas y otros productos, a ser distribuidos como parte de las campañas electorales emprendidas por los legisladores.
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Se decidió igualmente incluir un artículo para emitir bonos por US$ 13 millones, por encima de los US$ 548 millones previstos inicialmente, para financiar los aumentos y se reduciría el nivel de contratación de préstamos en ese monto, dijeron aunque sin dar mayores explicaciones
El senador Miguel Fulgencio Rodríguez (FG), presidente de la Comisión de Hacienda, aseguró que se respetó el déficit fiscal de 2,3% del PIB y el monto planteado por el Ejecutivo, por lo que todas las modificaciones se hicieron dentro de este marco.
Sostuvo que los US$ 62 millones reasignados, por ejemplo, fueron para la compra de un avión ambulancia, tomógrafos, ecógrafos y pagar mejor a los médicos, enfermeras, de los servicios de salud, maestras y otros.
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El legislador minimizó el monto y argumentó que los gastos reasignados no llevará al país a un default o cesación de pago, como sucedió durante el gobierno del presidente Luis González Macchi.
Se crearon 2.900 cargos en la función pública
El senador Stephan Rasmussen (PQ), por su parte, quien se opuso a los aumentos salariales y a las creaciones de cargos, señaló en plenaria que esto tendrá un costo de US$ 37 millones para el próximo año, pero para el ejercicio 2024 podría representar US$ 100 millones por el efecto año completo.
Dijo a sus colegas que no estaban manejando el dinero de sus bolsillos, sino de la ciudadanía que paga los impuestos y espera el retorno mediante la mejora de los servicios, pero no para dar aumentos salariales en forma indiscriminada.
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Rasmussen reveló que el total de cargos creados, desde el inicio del estudio del presupuesto, suma un total de 2.900. De esto, 1.400 son para nuevos cargos y 1.500 para desprecarización laboral (que implica que el personal contratado podrá ser nombrado como permanente y con ello recibirán todos los beneficios).
Expresó que los mayores beneficiarios son la Corte Suprema de Justicia y los organismos auxiliares de la justicia, así como el mismo Congreso que prevé aumentos salariales también.
Criticó que mientras las escuelas caen, faltan medicamentos en los hospitales, caminos de todo tiempo en el país, se prioriza el aparato electoral.
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Hizo hincapié en que se sacó dinero previsto para obras de infraestructura en el MOPC para destinarlos a subas salariales y creaciones de cargos.
El senador Blas Llano (PLRA), a su vez, advirtió que en los medios de comunicación hay coincidencia en que los mayores gastos aprobados en Diputados y lo dictaminado por las comisiones del Senado, podrían llevar al país a una cesación de pagos en el futuro.
A modo de ejemplo, citó que las deudas con las contratistas de obras y proveedores, como los de medicamentos, son señales de la situación en que se encuentran las finanzas públicas, debido al aumento de los gastos rígidos.