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En comunicación con ABC Cardinal este martes, el ministro René Fernández, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), afirmó sin entrar en mayores detalles que hay alertas en el sistema de prevención vinculadas a la revelación de que un hijo del ministro de la Corte Suprema Antonio Fretes es dueño de una casa de créditos que no declaró cuando era funcionario del Ministerio Público.
Asdrúbal Antonio Fretes, hijo del ministro de la Corte, y su pareja Adriana Florentín Oliver (relatora de la Corte Suprema) son accionistas de la casa de préstamos Ahoraité SA y el primero incluso figura como vicepresidente de la empresa.
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Ahoraité fue constituida en 2015, cuando Asdrúbal Fretes era funcionario del Ministerio Público, pero este no incluyó la casa de créditos en su declaración jurada hecha a su salida de esa institución pública en 2016, y además omitió el hecho de que era accionista de otra empresa: Río Salado SA.
“En forma general hay alertas en el sistema vinculadas a este conjunto de hechos y ya antes de que tome estado público todo esto se dispararon las alertas”, afirmó el ministro Fernández.
Seprelad: hay indicios suficientes para iniciar una investigación
El titular de la Seprelad opinó que hay indicios suficientes para que el Ministerio Público abra una investigación sobre el tema.
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“En líneas generales, con todos los datos con que contamos, hay méritos suficientes para iniciar una investigación”, agregó.
A pesar de que el salario de Asdrúbal Fretes en el Ministerio Público era de solo G. 8 millones, Ahoraité abrió con una constitución de capital de G. 5.000 millones en 2015. Según la última asamblea de Ahoraité, Asdrúbal Fretes tiene 3.648 acciones por valor de G. 364.800.000.
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Antonio Fretes, ministro de la Corte Suprema de Justicia y padre de Asdrúbal, enfrenta pedidos de renuncia y un posible juicio político luego de que se revelara la semana pasada que otro de sus hijos, Amílcar Fretes, firmó un contrato por US$ 368 mil para brindar asistencia legal al ciudadano brasileño-libanés Kassem Mohamad Hijazi, quien buscaba frenar su extradición a los Estados Unidos, a pesar de que el caso podía acabar siendo juzgado por su padre en la Sala de Asuntos Constitucionales de la Corte Suprema.