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El especialista de la OIT en entrevista con Factor Clave explicó que el gran desafío para nuestro país es avanzar reformas que extiendan la mirada de la protección social a un sistema más participativo y universal, que no solo se centre en el tradicional esquema contributivo como lo es el Instituto de Previsión Social (IPS) o las diferentes cajas que tenemos en el país, que además presentan grandes asimetrías; con alrededor de 1.000.000 de cotizantes, apenas llega a cubrir al 25% de la población país.
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Guillermo Montt explicó que los países están entendiendo esta problemática y están avanzando en generar sistemas más integrados de protección social. “El trabajo remunerado no es la única vía de acceso a la protección y no nos posibilita a todos tener acceso a la seguridad social” expresó. Dijo que a su vez el Estado trata de ofrecer ciertas garantías para sectores más vulnerables como son los programas como Tekoporã y otros, pero no son suficientes, ya que también tiene sus limitaciones.
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En un informe sobre la economía política de la protección social en Paraguay, la investigadora paraguaya Claudina Zavattiero explicó cómo la protección social es capaz de disminuir las desigualdades y promover el desarrollo humano inclusivo, sostenible y democrático. Señaló que lograr estos objetivos depende de una definición común y mecanismos de financiamiento que fueron objeto de debate político en el pasado.
En relación al informe, el especialista de la OIT manifestó que es un estudio muy importante, y que el proceso económico y político por el cual se define la protección social y su financiamiento en Paraguay determinan también el camino que va tomando como política pública.
Política más universal
Montt explicó que mirar la protección social en su esquema contributivo como lo es el IPS, limita la ambición y el derecho que sea una política universal.
Sin embargo, dijo que el país cuenta con programas que también son de protección social que están en el Ministerio de Desarrollo Social, otros que están en el Ministerio de Hacienda, otros que están en el Ministerio de Niñez y que estén muchas instituciones involucradas. “Esto es importante porque es un problema multidimensional”, afirmó.
La universalidad de la protección social requiere múltiples desafíos para reforma del sistema que podría ser posible en un plazo de 10 o 15 años. Entre los desafíos están el cómo financiamos estos programas, cómo mejoramos la eficiencia de los servicios que entregamos y la voluntad política.