El juez Wilfrido Peralta condenó la semana última por supuesta difamación a la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, y al periodista Juan Carlos Lezcano, en un juicio promovido por la exviceministra de Tributación Marta González, iniciado tras ser criticada por la contratación directa de un organismo internacional para la actualización del Sistema de Gestión Tributaria Marangatu.

Al respecto, gremios que nuclean a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) expresaron su desconfianza hacia la justicia paraguaya, que tiene poca o nula credibilidad.

Luis Tavella, presidente de la Federación Paraguaya de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemipymes), expresó su desconfianza hacia la justicia y, a modo de ejemplo, mencionó que todos los días se pueden apreciar casos en los medios de comunicación en los que se ve el accionar desviado del Poder Judicial en nuestro país.

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Fallo contra derechos humanos debería movilizar a ciudadanía

Miguel Amarilla, de la Asociación de Micro y Pequeña Empresa (Amype), indicó que al gremio le parece aberrante la decisión del juez Wilfrido Peralta, porque las instituciones están muy manoseadas y la justicia sobre todo. “De esta justicia se puede esperar cualquier fallo que va en contra de la ciudadanía y en particular, contra la libertad de prensa y los derechos humanos”, manifestó.

“Creo yo que toda la ciudadanía debería movilizarse de la misma manera que en contra de la transformación educativa, porque todos los ciudadanos estamos expuestos a fallos arbitrarios con este tipo de justicia que tenemos actualmente”, dijo.

La Amype como institución rechaza este tipo de decisiones y sobre todo porque va en contra de la libertad de prensa, garantizada en la Constitución Nacional vigente.

Libertad de expresión es fundamental

Por su parte, Oliver Gayet, de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (Arpy), mencionó que pensó que el caso no pasaría a mayores. “La libertad de expresión tiene que existir”, recalcó.

Recordó que existen los mecanismos para rectificarse en caso de una equivocación en los medios de comunicación, que es el derecho a réplica, la cual está garantizada por la máxima norma del país que es la Carta Magna. Sin embargo, dio a entender que recurrir a la justicia es una manera de coartar la libertad de expresión.

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“El medio de prensa tiene que publicar lo que va investigando y la Fiscalía tiene que investigar también. Si el periódico está mal, bueno se pide disculpas, como nos equivocamos cualquiera en la vida”, expresó, haciendo referencia a que incluso, en caso de que haya publicaciones que aclarar o corregir, no justifica una demanda contra que pongan en riesgo las libertades.