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La Cámara de Diputados dio el último jueves media sanción al proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2023 presentado por el Poder Ejecutivo e introdujo modificaciones, principalmente, en servicios personales que harán más rígido el gasto público.
Los legisladores hicieron un verdadero festival de subas salariales y creaciones de cargos, no escatimaron recursos de los contribuyentes buscando el voto del sector público.
“Es lamentable la poca preocupación que tienen la gran mayoría de los diputados por las verdaderas prioridades que tiene la ciudadanía y solo buscan responder a los pedidos de ciertos sectores del funcionariado público, ampliando gastos salariales, creando nuevos cargos y agregando recategorizaciones salariales”, dijo Barreto sobre la decisión de Diputados.
A criterio del exministro de Hacienda, todo esto solo agrega más distorsiones al gasto público, empeorando su rigidez y sin ningún impacto en los servicios esenciales que deberían prestar a los ciudadanos.
“La estructura presupuestaria de por sí es el cúmulo de este tipo de decisiones en años anteriores, la clientela ha sido la prioridad siempre y el presupuesto ya no da más”, afirmó Barreto.
El exministro indicó que espera “que el próximo gobierno encare las cosas con una visión distinta y encare reformas para cambiar este estado de cosas, sino no tenemos futuro porque el Estado no funciona en sus roles básicos”.
“Clientela”: a la caza de votos públicos
En la sesión extraordinaria los diputados se lanzaron a la caza de los votos mirando las próximas internas partidarias previstas para el 18 de diciembre y en las elecciones generales, fijadas para 30 abril del año venidero.
Aprobaron no solo el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, que recomendaba la creación de 1.348 cargos, así como nivelación y equiparación salarial, sino que le sumaron nuevas reasignaciones presupuestarias para aumentar salarios y bonificaciones, así como también más cargos públicos.
El plan de gasto aprobado asciende a poco más de G. 105,2 billones (US$ 14.834 millones), lo que implica más de G. 118.000 millones (US$ 17 millones) con respecto a lo solicitado por el Ejecutivo incluyendo la suba el tope de déficit de 1,5% a 2,3% del PIB.
El Ministerio de Hacienda había advertido que ya en el dictamen de la bicameral habían detectado que los recursos genuinos (impuestos y otros) fueron inflados en más de G. 139.300 millones (US$ 19,6 millones) para financiar gastos rígidos, lo tras la sesión de Diputados podría ser mayor.