Cargando...
El Estado quiere “reformar” solo para aumentar su gasto en salarios, es la conclusión a la cual podrían arribar los contribuyentes, y con toda razón, ya que el mayor aporte realizado mediante el pago de los impuestos va a parar el pago de salarios de funcionarios (administrativos, personal de salud, docentes, fuerzas pública y otros).
El Ministerio de Hacienda dio a conocer en estos últimos meses informes que muestran como la recaudación adicional generada por la reforma de la Ley N° 6380 de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional promulgada en 2019, termina en su totalidad financiando más remuneraciones del personal público.
En lo que respecta al gasto, el informe de situación financiera al mes de octubre da cuenta que al décimo mes del año, el gasto salarial de la administración central creció 10% con relación al mismo periodo del año anterior, lo que implica G. 1,3 billones (US$ 187,8 millones al cambio vigente) más.
Los datos señalan que de enero a octubre de 2021 el gasto salarial representaba G. 13,6 billones (US$ 1.883,4 millones al cambio vigente), pero en el mismo lapso de 2022 aumentó a G. 14,9 billones (US$ 2.071,2 millones al cambo vigente).
La cartera explica que se debe al incremento que otorgaron a los docentes, del 11% en octubre del año pasado, más el 5% desde julio del presente ejercicio, además a las fuerzas públicas y por la contratación de personal de Salud Pública.
Ingreso adicional por reforma
En lo que se refiere a la recaudación, los informes de las finanzas públicas que acompañan a los proyectos de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 y 2023 presentados al Congreso, revelan el adicional que se genera con la nueva ley tributaria.
El informe 2022 indica que en el ejercicio fiscal 2020 la recaudación adicional fue de G. 600.204 millones (US$ 86 millones), que representa el 0,23% del PIB y el 4,3% de las recaudaciones totales en efectivo.
El informe más reciente, del 2023, señala que el ingreso adicional en el ejercicio fiscal 2021 asciende a G. 495.614 millones (US$ 72 millones), que representa el 0,19% del PIB y el 1,9% de las recaudaciones totales en efectivo.
En dos años la reforma tributaria dejó al fisco poco más de G. 1 billón (US$ 158 millones al cambio presupuestado), pero en un solo ejercicio el Estado utilizó todo el equivalente a ese ingreso adicional y más, para el pago de remuneraciones al personal público.
Los gastos salariales seguirán subiendo, ya que están pendientes ampliaciones presupuestarias que aumentan sueldos y otros beneficios, a lo que se añadirá lo que será contemplado en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023, en estudio en el Congreso.
El presupuesto vigente tiene asignado 314.633 cargos públicos, distribuidos en las instituciones componentes de la administración central y de las entidades descentralizadas. Desde 2019 a esta parte, la cantidad aumentó 12.707. Para el ejercicio 2023, por su parte, el proyecto de presupuesto prevé inicialmente 316.383, pero se incrementará porque la comisión bicameral aprobó creaciones de más cargos.
Déficit fiscal permanente desde 2012
El informe de las finanzas públicas que acompaña el proyecto de presupuesto 2023, señala que dado el aumento en la participación del gasto en remuneraciones y las inversión pública con mayor intensidad que el aumento en los ingresos, el balance fiscal se ha vuelto negativo en forma permanente a partir del año 2012.
Afirma que en el quinquenio 2004-2008, el balance fiscal promedio como porcentaje del PIB fue de 0,9%, pasando a déficit promedio de 0,1% en el siguiente periodo de gobierno.
Añade que la entrada en vigencia en el 2015 de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) puso un freno al aumento del déficit, pero dado los shocks externos que afectaron la economía a partir del 2019 (sequía y pandemia por covid-19), se tuvo que usar la cláusula de escape de la LRF, e incluso, sobrepasarla a partir del 2020 para hacer frente a la pandemia e impulsar la recuperación económica a partir del 2021. “En el periodo 2019-2021, el déficit fiscal promedio fue de 4,2%, alcanzando el 6,1% en el 2020″, añade.
El plan de convergencia que viene implementando Hacienda apunta a cerrar este año con un saldo rojo equivalente al 3% del PIB, aunque faltando dos meses para finalizar el año el anualizado se mantiene en 3,6% y aún faltan ampliaciones presupuestarias que podrían ser aplicadas.
Para el próximo año, el proyecto de presupuesto con dictamen de la comisión bicameral prevé un déficit de 2,3% del PIB y para el año siguiente, con un nuevo gobierno instalado, debería converger a 1,5% del PIB.