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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) nuevamente publicó la “licitación pública nacional por subasta a la baja electrónica para los servicios de seguros médicos sanatorial y odontológicos para funcionarios” de la institución, que le costará G. 88.800 millones (US$ 12,5 millones) a la institución.
Dicha cartera del Estado no puede cumplir ni con los pagos por las obras en ejecución, pero contratará el costoso seguro vip para sus 3.700 funcionarios permanentes y contratados, a través de un contrato abierto y por un periodo de 24 meses, a costa del dinero de los contribuyentes.
Según los documentos del llamado, el MOPC gastará G. 75.480 millones por la cobertura médica de sus funcionarios por el plazo de 24 meses, que se traduce en un desembolso de G. 20.400.000 por cada trabajador en dos años, es decir, desembolsará G. 850.000 mensuales por cada empleado.
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En el caso del seguro odontológico se prevé un pago de G. 13.320 millones, también por 24 meses de cobertura, es decir, G. 3.600.000 por cada funcionario, divididos en un pago de G. 150.000 por cada trabajador. En total, el MOPC desembolsará G. 1.000.000 por mes por el seguro médico y odontológico de cada trabajador.
![Los montos que el MOPC pagará por cada funcionario de forma mensual, durante 24 meses.](https://www.abc.com.py/resizer/v2/https%3A%2F%2Fcloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com%2Fabccolor%2FENHQG4CIGFG4TETI3EAKCYIWJI.png?auth=0c0038494d320a9aa5ebbbeaeb61178c7547759e4e60f8b9589e1bf0a1060125&width=770&smart=true)
Este tipo de privilegios lo tienen varias instituciones del país, mientras otros sectores como médicos o enfermeras, que trabajan expuestos, deben pagar sus propios seguros o recurrir a la salud pública, pues en este caso, el Estado alega que la salud pública es gratuita. Asimismo, los trabajadores privados tienen el seguro del Instituto de Previsión Social (IPS), cuya cobertura es pésima.
Derecho a la salud, alega MOPC
Sara Ramírez, coordinadora de la Dirección de Recursos Humanos del MOPC, justificó la millonaria licitación alegando que no se trata de ningún privilegio, ya que se trata de un derecho a la salud. “Tenemos funcionarios viales en todos los departamentos del Paraguay”, expresó.
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Ramírez alegó que los funcionarios no pueden acceder al seguro de IPS, por lo que no tienen otra opción más que recurrir al seguro privado. “Si nuestro patrón, el Estado, tuviese la posibilidad de incluirnos en IPS seríamos muy afortunados. Hoy nosotros pagamos 16% nuestra jubilación y no como el sector privado 9%. Además, nuestros compañeros jubilados después de servir 40 años salen sin seguro médico en el momento que más necesitan. No le llamaría privilegio”, expresó.
Sin embargo, en varias oportunidades, gremios del MOPC como el Sindicato de Profesionales Universitario (Siprumopc), Sindicato de Funcionarios Central e Interior (Sifucein), Sindicato de Trabajadores (Sitramopc), Sindicato Auténtico de Trabajadores (Siatramopc) y la Asociación de Mujeres, se mostraron en contra de recurrir a la salud pública o al IPS, pues consideran que la “salud pública e IPS están desbordados” y que “son opciones imposibles de imaginar”.
Sobre este tema, Ramírez insistió en que la mayoría de los funcionarios sí quieren ser asegurados del IPS. “Te ofrecen los mejores profesionales, infraestructura, estudios laboratoriales y medicamentos”, expresó.