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A través del Decreto N° 8063, del lunes 24 del presente mes, el Poder Ejecutivo dio un veto total al proyecto de Ley N° 7004/2022 que amplía el presupuesto de la UNA, por un monto de G. 3.910 millones (US$ 560.000) sancionado por el Congreso.
Es la séptima ley de aumento del gasto público que es objetada por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, atendiendo que los parlamentarios hacen oídos sordos a los argumentos y siguen con sus campañas electorales con dinero de los contribuyentes.
Los legisladores no dudan otorgar, principalmente, aumentos salariales, bonificaciones, autorizar contratación de personal y con ese plan ya sancionaron ocho proyectos que aumentan el gasto público y un proyecto que reduce el ingreso del Estado.
El paquete incluye aumentos salariales para actuarios judiciales, para funcionarios del Congreso, pago de bonificaciones y remuneraciones extras para funcionarios de la Contraloría General de la República, en estos dos últimos casos los vetos del Ejecutivo ya fueron rechazados en el Parlamento y están en proceso de implementación.
También aprobaron ampliación para la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), creaciones de cargos para el Ministerio Público, aumento salarial para funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), así como el pago de una indemnización a más de 16.000 exobreros de contratistas y subcontratistas de Itaipú Binacional.
Fisco dejará de recaudar US$ 100 millones
Además, un proyecto de ley que reduce la capacidad de recaudación del fisco al permitir que los prestadores de servicios personales y/o profesionales puedan deducir el 100% de sus compras, entre ellos de supermercados, del impuesto al valor agregado (IVA).
El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, anunció que recomendarán al Ejecutivo el veto del referido proyecto de ley, como lo hicieron en los casos anteriores. Por su parte, el viceministro de Tributación, Oscar Orué, en declaraciones al programa Enfoque Económico, de ABC Cardinal, confirmó ayer que de aplicarse la deducción del IVA el Estado dejará de recaudar unos US$ 100 millones.
La Presidencia de la República argumenta en su veto que cualquier incremento en el gasto ampliará el desfinanciamiento del presupuesto y la brecha del déficit fiscal, atendiendo que implica una mayor rigidez y menor espacio para las inversiones en obras y prestación de servicios, “a menos que los legisladores consideren establecer, dentro de sus potestades exclusivas en materia tributaria, aumentar las tasas de los impuestos, generando una mayor presión contributiva para obtener mayores recursos que permitan hacer frente a los gastos del presupuesto”, se lee en una parte del decreto.
Transgreden ley de responsabilidad fiscal
Añade, sin embargo, que de cualquier manera, en el estado actual, la iniciativa legislativa, por conllevar requerimientos adicionales de recursos genuinos de la Tesorería General respecto al presupuesto actual que se encuentra, desde ya, sobreestimado y que ocasionará, de aprobarse, un considerable desfase presupuestario, y traerá aparejada la transgresión del principio general de responsabilidad fiscal, relativo a la necesidad de asegurar el equilibrio entre ingresos y gastos.
Señala también que el Congreso aprobó la Ley N° 5098/2013 “De Responsabilidad Fiscal”, cuyo propósito radica en “establecer reglas claras y precisas de comportamiento fiscal para la sostenibilidad de las finanzas públicas”, bajo la égida del principio de no tomar decisiones que puedan causar efectos negativos a la estabilidad económica. “Para ello, se requiere preservar el equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos, responsabilidad en la que, por imperio de la propia ley (artículo 4), convergen los tres poderes del Estado”, afirma.
El proyecto de ley de ampliación para la UNA fue devuelto al Congreso para que se expida sobre la objeción total del Ejecutivo.