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La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), cuyo presidente es Daniel Díaz de Vivar, criticó los planes de algunos parlamentarios de inflar los gastos en creación de cargos y aumentos salariales en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023. Estas pretensiones coinciden con la época electoral.
Recordó que existe una iniciativa de indemnizar a los ex obreros de contratistas de Itaipu, y que aún sin aprobar esa propuesta, el déficit fiscal aumentaría en 2% del Producto Interno Bruto (PIB). Eso, conforme a la experiencia local y en el extranjero, indefectiblemente sacrifica las inversiones.
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Un reporte elaborado por el Departamento de Estudios Económicos del gremio indica que la economía paraguaya tiene un crecimiento esperado para los siguientes años de un 4,5% por año. De aumentar el déficit, ocasionaría una reducción en crecimiento de la economía y se llegaría a apenas 1,7% de expansión del PIB por año, a consecuencia del shock negativo de reducción de la inversión pública, afirma.
Considera que ese panorama representará un tremendo retroceso en mantener el crecimiento y estabilidad macroeconómica de los últimos 20 años, ya que según sus estimaciones, podría impactar mucho más allá que al sector de la construcción.
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Aumento en el PGN 2023 generaría contracción económica, advierten
“Esta medida, que causaría una contracción en la actividad económica, afectará fuertemente la capacidad de creación de empleo de la economía e incluso poniendo en riesgo a una considerable proporción de la población en riesgo de situación de pobreza”, dice.
Por otra parte, destaca que la situación actual de la economía de nuestro país es complicada, que se encuentra en proceso de convergencia a cumplir lo establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) y a la vez, es limitada su capacidad de generación de ingresos fiscales.
Entonces, en caso de aprobarse los proyectos de aumentos que inflan el presupuesto del año que viene, y conforme a la experiencia reportada, será a costa de una reducción significativa de la inversión pública, tanto en infraestructura como en el gasto fiscal.
Asegura que esta situación tendría efectos muy nocivos en el bienestar de la población. En cuanto a inversiones de infraestructura, cortarlas implica prescindir de una inyección de recursos en la economía, que necesita avanzar en su dinamismo.