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La aprobación por parte del Congreso Nacional de una serie de ampliaciones en el Presupuesto General de la Nación 2022 y también pedidos de ampliaciones para el PGN 2023 (en estudio), mayormente para ajustes salariales para algunos sectores del Estado ha disparado nuevamente la señal de alerta en el sector público, ya que se tratan de gastos rígidos que tendrán impacto no solo en este periodo sino en los siguientes.
Esta situación desde todo punto de vista pone en serio riesgo no solo el cumplimiento del plan de convergencia fiscal (de llevar nuevamente el déficit al 1,5% del PIB); sino que podríamos volver escenarios extremos como retrasos y cesación de pagos de los compromisos del Estado (salarios, proveedores, deuda) que ya lo vivimos anteriormente entre mediados de los 90 y la siguiente década, y que requirió de fuertes reformas e impuestazos para ordenar las finanzas públicas.
Los mismos vicios
Según se puede observar en los datos históricos de las publicaciones de nuestro diario, a pesar del paso del tiempo, los vicios que perforan el presupuesto público siguen siendo los mismos. Luego de una reforma tributaria en medio de la crisis financiera de los 90, numerosos decretos de exenciones impositivas posteriores que se aprobaron y ante la notoria falta de control de gastos públicos, en poco tiempo ha consumido todo el espacio fiscal.
Antecedentes también refieren que durante la primera mitad de la década de los noventa, la administración pública no enfrentó mayores problemas, pero la situación se revierte a partir de la segunda mitad, alcanzando el déficit fiscal al 4% del PIB en el 2000 y a 3,5% en el 2002.
Debido a la delicada situación fiscal, hubo mucha rotación de ministros de Hacienda, pasando de Francisco Oviedo (2000-2002), James Spalding (febrero a noviembre de 2002), Alcides Jiménez (2002-2003), Dionisio Borda (2003-2005).
Una publicación de nuestro diario del 18 de noviembre del año 2000 “Paraguay camina sobre la cuerda floja en pago de su deuda externa”, alertaba sobre la situación extrema de las finanzas que llevó a un retraso considerable en el pago de la deuda externa. Aunque Hacienda negó una cesación de pagos en ese momento, medios internacionales como la CNN se hicieron eco de que el Paraguay ha suspendido momentáneamente el pago de deudas internacionales.
Los desequilibrios generados en ese tiempo se presentaron en parte por la recesión económica existente en la región, la crisis financiera que redujo la disponibilidad de crédito; por problemas políticos internos que dieron lugar a una agudización de la indisciplina fiscal; y el comportamiento poco predecible de la autoridad monetaria, según antecedentes.
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Impuestazos para corregir desequilibrios
Es durante la administración de Nicanor Duarte Frutos y Borda al frente de Hacienda que se pone en vigencia un plan de reformas para corregir los desequilibrios, entre ellos la Ley de Adecuación Fiscal del 2004, la reforma de las cajas fiscales, la renegociación de la deuda interna y externa pública y la adopción de un nuevo Código Aduanero, que ayudaron a mejorar los ingresos tributarios y la presión tributaria por un tiempo. Esta reforma se logró con un compromiso de mejoramiento y contención del gasto público, cosa que hasta el momento es una materia pendiente, ya que cada año, los gastos rígidos van aumentando y consumen gran parte del presupuesto público, quedando poco margen, casi nada para inversiones.
Con estas reformas implementadas, el problema del déficit fiscal comienza a revertir a partir del 2003, luego de que se evitara una cesación de pagos de la deuda pública interna y externa, para dar lugar a superávit fiscales continuos hasta fines del 2010. Los superávit fiscales que se registran a partir del 2004 se explican por un aumento importante de la recaudación tributaria.
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Una década con sucesivo déficit
Debido al crecimiento de los gastos, mayormente rígidos en el presupuesto y sin las reformas en esta área, el presupuesto entró rápidamente en un desequilibrio a partir del 2012. Esto se da como efecto aumentos salariales generales para el funcionariado público en alrededor del 30% que se dieron en el año anterior (periodo electoral). En ese primer año, el déficit llegó al 1,7% del PIB.
A partir de ahí y hasta la fecha llevamos una década de sucesivos déficits, que está lineado por una Ley de Responsabilidad Fiscal que establece un tope del déficit en 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual venimos incumpliendo desde el 2019.
Con el esfuerzo que hizo el Gobierno para cumplir con el plan de emergencia por la pandemia del covid 19 que significó un importante incremento de la deuda pública, el fisco llegó a un déficit del 6% del PIB en 2020 y con plan de convergencia se espera poder volver al 1,5% para el 2024. Sin embargo, esto sería muy difícil lograr en el contexto actual, en medio de las presiones que hay en el Congreso por pedidos de ampliaciones en distintos rubros.
Según datos del Ministerio de Hacienda, actualmente el 75% del ingreso tributario va a salarios y el 15% al pago de la deuda, el resto a jubilaciones y pensiones, quedando muy poco margen para las inversiones tan necesarias en el país
Desde Hacienda advierten que de aprobarse todas las ampliaciones presupuestarias significaría unos US$ 1.800 millones adicionales, inclusive mayor a la deuda por emergencia sanitaria. Esto significará no solo impacto en la cifra por un mayor desequilibrio del presupuesto, sino que podría llevar al fisco a pensar en posibles reformas, entre ellas otra reforma tributaria para aumentar impuestos y evitar entrar en una cesación de pagos de salarios, deudas y otros compromisos.
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El Congreso tiene en sus manos la posibilidad de resolver esta situación para que la historia no se vuelva a repetir.
Reformas pendientes
Quedan varias reformas pendientes en el tintero de este Gobierno y los anteriores, en lo que respecta al compromiso de la contención y eficiencia del gasto público.
Recientemente el presidente de la República Mario Abdo Benítez, detalló que algunos de los planes de reformas que se están trabajando en esta última parte de su mandato que son del proyecto de reforma del servicio civil que busca sanear la función pública y que se presentará esta semana en el Congreso. Por otra parte reconoció que hay algunos proyectos “empantanados” y otros que avanzaron a medias como el de Compras Públicas. Este último permitiría un ahorro del 1,5% del PIB.
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Hay otros que están en etapa inicial de formulación como el de reforma del sistema de jubilaciones del sector público. La Caja Fiscal arrastra un déficit de más de US$ 700 millones en los últimos años, diferencia financiada con impuestos. Entre las reformas que avanzaron citó el de modernización tributaria que permitió aumentar la recaudación en US$ 350 millones desde su implementación.